El 'Escudo Antiapagones' de Red Eléctrica cuesta 400 millones extra y recae en las facturas de los usuarios

Se ha desvelado que el llamado "escudo antiapagones", implementado por Red Eléctrica de España (REE) tras el masivo apagón del 28 de abril que dejó sin luz a toda la península ibérica, ha generado un coste adicional de 400 millones de euros, una carga que recaerá directamente en las facturas de los usuarios. La medida, diseñada para prevenir futuros cortes de energía tras el incidente que afectó a más de 50 millones de personas, ha sido criticada por su elevado precio y por la falta de transparencia en su ejecución, avivando el debate sobre la gestión energética y los sobrecostes impuestos a los consumidores.

Según fuentes del sector energético, el incremento en el coste de las restricciones técnicas, que pasaron de 5-7 millones de euros diarios en abril a cerca de 14 millones en mayo, explica gran parte de esta cifra. Este salto se atribuye a la activación de un sistema de emergencia no declarado oficialmente como "estado de alerta", que ha implicado un mayor uso de plantas de generación convencional y ajustes en la red para estabilizar el suministro. Expertos como Jorge Antonio González Sánchez, de la multinacional Losán, han señalado que el coste medio de estas restricciones se disparó de 9 euros por megavatio hora (MWh) en mayo de 2024 a 22 euros/MWh en mayo de 2025, un aumento del 144%, lo que refleja la magnitud de los esfuerzos para evitar otro "cero energético".

El apagón del 28 de abril, que colapsó el sistema en apenas cinco segundos y dejó a España y Portugal sin electricidad durante horas, expuso vulnerabilidades en la red, especialmente en su dependencia de energías renovables y la falta de capacidad de respuesta ante oscilaciones inesperadas. Tras el incidente, REE, operadora parcialmente estatal, implementó medidas extraordinarias, incluyendo la contratación de potencia adicional y el refuerzo de interconexiones con Francia y Marruecos. Sin embargo, estos ajustes han generado un sobrecoste que, según la normativa, será trasladado a los consumidores a través de los peajes de acceso, un componente de la factura eléctrica que financia la infraestructura y la seguridad del sistema.

La noticia ha desatado reacciones encontradas. Mientras algunos defienden que estas medidas son esenciales para evitar futuros cortes, otros, como asociaciones de consumidores, denuncian que los usuarios están pagando por la mala planificación previa de REE y el Gobierno, que conocían desde enero de 2025 los riesgos de la entrada masiva de renovables, según informes internos filtrados. En redes sociales, usuarios han expresado su indignación, con comentarios que califican la situación como "un nuevo impuesto encubierto" y cuestionan la gestión de Beatriz Corredor, presidenta de REE, cuya designación política ha sido objeto de críticas por falta de experiencia técnica.

El Gobierno, por su parte, ha evitado pronunciarse directamente sobre el coste, limitándose a señalar que el informe oficial sobre el apagón, publicado el 17 de junio, responsabiliza tanto a REE como a las eléctricas por fallos en la planificación y desconexiones indebidas. Sin embargo, la falta de una auditoría independiente, demandada por Portugal y algunos sectores en España, mantiene la incertidumbre sobre las verdaderas causas y la efectividad del "escudo antiapagones". Con la factura eléctrica ya en aumento debido a la inflación y los precios del mercado, los 400 millones extra podrían traducirse en un incremento de entre 5 y 10 euros mensuales para los hogares, una carga que promete avivar el malestar social en los próximos meses.