Asimismo, han anunciado una huelga de tres días, los 1, 2 y 3 de julio, si el Gobierno no retira dos proyectos legislativos que consideran una amenaza a la independencia judicial.
Reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, con cambios en los exámenes que, según las asociaciones, “rebajan la exigencia”, incrementan la subjetividad y vulneran los principios de mérito e igualdad.
Modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal, que transferiría la instrucción de causas penales a los fiscales y aumentaría el poder del fiscal general, figura designada por el Gobierno.
Acusan al Gobierno de debilitar la separación de poderes y abrir paso a la politización de la justicia, vía selección ideológica y menor transparencia.
Más del 80 % de sus bases respaldan la huelga tras un paro simbólico del 11 de junio, que obtuvo un seguimiento cercano al 70 %.
El ministro Félix Bolaños reivindica las reformas como una modernización necesaria para una “Justicia del siglo XXI”, con mayor agilidad, plazas y becas equiparables al estándar europeo .
Asegura que las normas cuentan con mayoría parlamentaria y respaldo social, y que no se revertirán pese a la huelga anunciada.
Este conflicto es un escalón más tras protestas previas: un paro de 10 minutos el 11 de junio y concentraciones locales (como en Córdoba), donde también se alertó del “descrédito de la Fiscalía” y de la “imposición del poder político”.
El Consejo General del Poder Judicial, liderado por Isabel Perelló, ha exigido detener cualquier presión política sobre jueces y fiscales
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