España planea retirar aceite de oliva del mercado para evitar la caída de precios ante una cosecha récord en 2025-2026

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, liderado por Luis Planas, ha iniciado los trámites para implementar una norma que permita la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado en la campaña 2025-2026, con el objetivo de evitar una caída brusca de los precios que afecte a los productores. Esta medida, que se basa en el artículo 167 bis del Reglamento europeo sobre la organización común de mercados agrarios, responde a las previsiones de una cosecha excepcionalmente abundante, impulsada por las condiciones climáticas favorables de la primavera de 2025, con temperaturas suaves y lluvias abundantes que han favorecido la floración y el cuajado del fruto en las principales zonas olivareras, especialmente en Andalucía.

Tras dos campañas de baja producción (666.000 toneladas en 2022-2023 y 854.500 toneladas en 2023-2024), la campaña 2024-2025 ha recuperado la normalidad con una producción superior a los 1,4 millones de toneladas. Las previsiones para 2025-2026 apuntan a una cosecha aún mayor, posiblemente cercana a los 1,8 millones de toneladas según algunas estimaciones, lo que podría saturar el mercado y provocar una caída de los precios en origen hasta niveles insostenibles para los olivareros, especialmente en explotaciones tradicionales donde los costos de producción rondan los 5 euros por kilo. Actualmente, el precio del aceite de oliva virgen extra (AOVE) en origen se sitúa en torno a 3,59 euros por kilo, un 51% menos que los 8,87 euros alcanzados en enero de 2024, lo que ha generado preocupación en el sector.

La norma, que se espera esté aprobada antes del 31 de octubre de 2025 tras un proceso de consulta pública que finalizó el 2 de julio, permitirá al Gobierno ordenar la retirada temporal de un porcentaje de la producción para almacenarlo hasta la siguiente campaña o destinarlo a usos no alimentarios, como la producción de biocombustibles. Esta medida, que sería la primera vez que se aplica de forma obligatoria en España, cuenta con el respaldo de organizaciones agrarias como Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, aunque no está exenta de críticas. Algunos productores temen que la retirada sea un parche temporal y no aborde problemas estructurales como la especulación o la falta de transparencia en el mercado.

El sector olivarero, que posiciona a España como líder mundial con el 45% de la producción global de aceite de oliva, enfrenta un contexto complejo. A la preocupación por los bajos precios se suma el aumento de las importaciones de aceite de oliva de países como Túnez, que se han duplicado en los últimos años, lo que ha generado críticas en redes sociales y entre algunos actores del sector, quienes ven una contradicción en intervenir el mercado interno mientras se facilita la entrada de producto extranjero. Además, la posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, tras tensiones diplomáticas relacionadas con el gasto en defensa, amenaza al 15% de las exportaciones españolas de aceite, un mercado clave valorado en más de 1.000 millones de euros en 2024.

Mientras los productores piden medidas para garantizar precios que cubran los costos de producción, los consumidores, que han visto el precio del AOVE en supermercados pasar de 12,88 euros por litro en 2024 a 9,79 euros en enero de 2025, podrían enfrentarse a un impacto limitado en los precios al por menor si la retirada se implementa. Sin embargo, organizaciones como COAG han denunciado prácticas especulativas que mantienen los precios en origen por debajo de los costos, y han solicitado investigaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, con capacidad para almacenar más de 300.000 toneladas, jugará un papel clave en la gestión de los excedentes, actuando como un "colchón de seguridad" para el sector. Aunque la medida busca proteger la viabilidad económica de los olivareros, el debate sobre su efectividad y las implicaciones a largo plazo sigue abierto, con voces que advierten sobre la necesidad de un enfoque más integral para abordar la volatilidad del mercado del aceite de oliva.