El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha emitido una resolución que marca un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri. La jueza Cristina Luis Vílchez ha desestimado el último recurso presentado por Rivas para evitar que se ejecute la sentencia que otorga la custodia de su hijo menor al padre italiano, fijando la entrega del niño para el próximo martes, 22 de julio, entre las 10:00 y las 11:00 horas en el Punto de Encuentro Familiar de Granada. Esta decisión respalda la orden dictada por la Corte de Apelación de Cagliari, que exige el retorno inmediato del menor a Italia, donde reside Arcuri.
El caso, que ha generado un intenso debate jurídico y social en España e Italia durante más de una década, se intensificó tras la llegada del niño a España para pasar las vacaciones de Navidad. En enero de 2025, un juzgado de Granada suspendió provisionalmente su regreso a Italia después de que el menor, en una declaración judicial, expresara "terror" ante la posibilidad de volver con su padre, alegando haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psicológica. Sin embargo, tras una evaluación detallada, la Audiencia Provincial de Granada confirmó en marzo un auto del Juzgado de Instrucción número 9 que remitió el expediente a Cagliari para que las autoridades italianas investigaran estas acusaciones, inclinando la balanza a favor de la restitución del niño.
La decisión judicial ha reavivado las tensiones entre las partes. Desde la representación legal de Francesco Arcuri, liderada por el abogado Enrique Zambrano, se ha solicitado a los medios que no revelen el lugar exacto de la entrega para proteger los derechos del menor, un gesto que subraya la sensibilidad del caso. Por su parte, el despacho Aránguez Abogados, que defiende a Juana Rivas, emitió un comunicado afirmando que, cuando el menor fue escuchado "en condiciones de libertad y sin intimidaciones", los tribunales reconocieron la gravedad de la situación, sugiriendo que la entrega podría poner en riesgo su bienestar. El abogado Carlos Aránguez ha anunciado que agotarán todas las vías legales disponibles, aunque ha reconocido que las resoluciones judiciales deben cumplirse, incluso si se consideran injustas.
El historial del caso añade complejidad. En 2017, Rivas desapareció durante un mes con sus dos hijos, incumpliendo órdenes judiciales que le exigían entregarlos a Arcuri, lo que derivó en su condena por sustracción de menores. El Tribunal Supremo, en abril de 2021, redujo su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión, argumentando que se trató de un único delito, y le impuso seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, además de una indemnización de 12.000 euros. El hijo mayor, ya mayor de edad, reside actualmente en España con su madre, mientras que el menor, objeto de esta disputa, ha estado bajo su cuidado desde Navidad, a pesar de la custodia legal de Arcuri.
La orden del juzgado incluye medidas para facilitar un "tránsito tranquilo" del menor, con el apoyo de psicólogos y agentes sociales, pero la controversia persiste. La defensa de Rivas sostiene que el interés superior del niño no está garantizado, especialmente ante el juicio por presuntos malos tratos que Arcuri enfrentará en Italia en septiembre. Sin embargo, el auto judicial argumenta que no se ha acreditado un riesgo inmediato para el menor, alineándose con la postura italiana de que la custodia debe recaer en el padre. Con un plazo de 20 días para recurrir ante la Audiencia de Granada, el desenlace sigue abierto, mientras la sociedad y los medios observan de cerca este caso que mezcla cuestiones de violencia de género, custodia internacional y el bienestar infantil.
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