El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado una nueva propuesta en la mesa de negociación con asociaciones de autónomos, planteando un ajuste en las cuotas que congelará las aportaciones de aquellos con ingresos mensuales entre 670 y 1.166,7 euros, mientras subirá entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para el resto en 2026, una medida que busca equilibrar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la carga fiscal sobre los trabajadores por cuenta propia. Esta iniciativa, liderada por la ministra Elma Saiz, llega en un momento de presión económica para los 3.3 millones de autónomos en España, donde la inflación del 3.5% y los costos energéticos han erosionado márgenes, pero también responde a la necesidad de financiar un sistema de Seguridad Social que enfrenta un déficit del 1.2% del PIB. La propuesta, que será debatida en las próximas semanas con UPTA y ATA, ha generado reacciones mixtas, con algunos aplaudiendo la protección a los más vulnerables y otros denunciando un aumento desproporcionado para los ingresos medios y altos.
La nueva estructura mantiene la cuota base en 230 euros mensuales para autónomos con ingresos netos de 670 a 1.166,7 euros —unos 900,000 trabajadores—, congelando el importe actual y beneficiando a quienes operan en sectores como la hostelería o el comercio minorista, donde los márgenes son ajustados. Para los tramos superiores, la subida se gradúa: autónomos con ingresos de 1.166,7 a 1.700 euros verán un incremento de 2,5 euros, alcanzando 232,5 euros; aquellos entre 1.700 y 2.300 euros pagarán 5 euros más, hasta 235 euros; y los que superen los 2.300 euros, incluyendo profesionales liberales y emprendedores tecnológicos, enfrentarán el ajuste máximo de 14,75 euros, elevando su cuota a 244,75 euros mensuales. Esta progresividad, que afecta a 2.4 millones de autónomos, pretende recaudar 180 millones adicionales anuales, según estimaciones del Ministerio, para reforzar las pensiones y cubrir el gasto en desempleo de este colectivo, que asciende a 1,200 millones en 2025.
El contexto económico justifica la medida. La inflación ha elevado los costos operativos un 15% desde 2023, con el precio de la electricidad subiendo un 8% y los combustibles un 12%, golpeando especialmente a autónomos de transporte y agricultura. Sin embargo, el Gobierno argumenta que la congelación para los ingresos bajos protege a los más vulnerables, mientras el aumento en tramos altos alinea las cotizaciones con la capacidad económica real, un principio que el sistema actual —basado en cuotas fijas— no refleja del todo. Saiz ha destacado que el ajuste es "proporcional y sostenible", pero asociaciones como ATA han advertido que el incremento de 14,75 euros podría llevar a 100,000 autónomos a abandonar el régimen en 2026, especialmente en sectores como la construcción, donde el 30% opera con márgenes por debajo del 5%.
La reacción social es polarizada. Un 55% de encuestados en El País apoya proteger a los ingresos bajos, pero un 40% ve el aumento como "una carga injusta", con protestas planeadas por UPTA en Madrid para el 28 de octubre. Económicamente, los 180 millones adicionales podrían reducir el déficit de Seguridad Social en un 0.1%, pero el riesgo de baja afiliación podría costar 50 millones en cotizaciones perdidas. Políticamente, Sánchez enfrenta presión de Sumar para suavizar los tramos altos, mientras el PP y Vox exigen congelar todas las cuotas, acusando al Gobierno de "ahogar a los emprendedores". Esta propuesta no solo reconfigura el sistema de cotizaciones, sino que deja un legado de debate sobre equidad y viabilidad en un sector clave de la economía española.
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