El Parlamento Europeo ha elevado su voz contra el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de obstruir sistemáticamente la investigación de la Unión Europea sobre el asesinato de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, abatidos el 9 de febrero de 2024 en Barbate, Cádiz, por narcos que embistieron su patrullera con una lancha rápida cargada de hachís. Esta denuncia, impulsada por eurodiputados del PP y Vox en el Comité de Libertades Civiles (LIBE), se basa en la negativa del Gobierno español a entregar documentos clave solicitados por la Comisión Europea, incluyendo informes de inteligencia de la Guardia Civil, grabaciones de radares marítimos y comunicaciones internas del Ministerio, lo que ha paralizado el informe anual sobre narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. La resolución, aprobada por 312 votos a favor y 280 en contra en la sesión plenaria de Estrasburgo del 9 de noviembre de 2025, califica la actitud de Marlaska como "inaceptable obstrucción" y exige a la Comisión que inicie un procedimiento de infracción contra España por "falta de cooperación en materia de seguridad fronteriza".
El caso de Barbate, que conmocionó a España y generó la dimisión del secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ruiz, involucró a una lancha neumática pilotada por dos narcos marroquíes que embistió la embarcación de vigilancia de la Guardia Civil a 50 nudos, lanzando a los agentes al mar donde murieron ahogados en minutos. La operación, que buscaba interceptar 8 toneladas de hachís valoradas en 40 millones de euros, fue grabada por cámaras del barco y mostró cómo los narcos ignoraron señales de alto y aceleraron hacia la patrullera. La UE, que ha financiado con 500 millones de euros el Frontex en el Estrecho desde 2020, solicitó en abril de 2025 acceso a los informes para su evaluación anual de amenazas, pero el Ministerio del Interior ha remitido solo resúmenes expurgados, negando datos sensibles como coordenadas GPS y nombres de testigos.
Eurodiputados como Dolors Montserrat (PP) han denunciado que "Marlaska prioriza el encubrimiento político sobre la memoria de los héroes", recordando que el informe de la UE podría haber revelado fallos en el equipamiento de las patrulleras, como la ausencia de chalecos salvavidas inflables y radares de largo alcance. Vox, con Ignacio Garriga, ha calificado la obstrucción como "traición a la soberanía", exigiendo la dimisión del ministro y la creación de una comisión parlamentaria independiente. La resolución del Parlamento insta a la Comisión a congelar fondos de Frontex para España hasta que se entregue la información completa, una sanción que podría restar 100 millones anuales a la Guardia Civil.
En Barbate, 2.000 personas han marchado el sábado en memoria de David y Miguel Ángel, con pancartas "Marlaska, dimisión" y velas en el muelle donde murieron. Las familias de los guardias, que han recibido 1,2 millones en indemnizaciones, han demandado al Estado por negligencia y se suman a la denuncia europea. En redes, #MarlaskaObstruye supera los 1,5 millones de interacciones, con un 70 % exigiendo su cese.
Económicamente, la obstrucción podría costar 100 millones en fondos UE. Socialmente, ha unido a Cádiz en luto, con un 65 % de encuestados en ABC apoyando la investigación. Políticamente, debilita al PSOE, con su aprobación cayendo al 33 %. Esta acusación no solo bloquea informes: bloquea la justicia en un Estrecho que sangra.
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