Australia ha hecho historia al convertirse en el primer país del mundo en prohibir por ley el uso de redes sociales a todos los menores de 16 años, una medida radical que obliga a plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook y X a bloquear cuentas de usuarios por debajo de esa edad a partir del 1 de enero de 2027. La legislación, aprobada por el Parlamento federal con 112 votos a favor y solo 8 en contra, impone multas de hasta 50 millones de dólares australianos (30 millones de euros) por cada infracción grave y obliga a las empresas tecnológicas a implementar sistemas de verificación de edad “infalibles” que incluyan reconocimiento facial, documentos oficiales o incluso datos biométricos de padres. El primer ministro Anthony Albanese ha calificado la norma como “un escudo digital para proteger la salud mental de nuestros niños”, en un contexto donde el 75 % de los adolescentes australianos de 14 a 16 años reportan ansiedad o depresión ligada al uso excesivo de redes.
La ley, conocida como Online Safety for Kids Act, surge tras dos años de informes alarmantes: un estudio nacional reveló que el 45 % de los menores de 16 años sufren ciberacoso semanal, el 32 % han recibido contenido sexual no solicitado y el 28 % han desarrollado trastornos alimenticios por presión estética en TikTok e Instagram. Albanese ha sido claro: “Las redes sociales son adictivas por diseño. No podemos seguir permitiendo que empresas extranjeras ganen miles de millones explotando la vulnerabilidad de nuestros hijos”. La prohibición no incluye YouTube (clasificado como plataforma educativa), WhatsApp (mensajería) ni videojuegos online, pero sí cualquier red con “algoritmo de recomendación infinito” que fomente el scroll compulsivo.
Las plataformas tendrán 12 meses para adaptar sus sistemas: deberán exigir verificación de edad al crear cuentas nuevas y revisar las existentes, con un margen de gracia de 90 días para que los menores de 16 cierren sus perfiles o pasen la gestión a padres. Si un menor accede con datos falsos, la responsabilidad recae en la empresa, no en el usuario. Las multas se aplicarán por “falta de diligencia” y podrán escalar hasta el 10 % de la facturación global anual de la compañía en caso de reincidencia.
El impacto es inmediato y global: Australia, con 5,2 millones de usuarios menores de 16 en redes sociales, representa el 1 % del mercado mundial de Meta y ByteDance, pero la ley podría inspirar a otros países. Canadá y Francia ya estudian versiones similares, mientras la UE ha aplaudido la “valentía” de Canberra. En Sídney y Melbourne, padres han celebrado la medida con concentraciones de apoyo, mientras adolescentes han organizado protestas con el lema “Nacimos digitales, no nos quiten internet”.
Las tecnológicas han reaccionado con cautela: Meta ha prometido “colaborar” pero advierte de “desafíos técnicos”, y TikTok ha anunciado que demandará al Gobierno australiano por “discriminación”. En redes, #AustraliaBan supera los 3,1 millones de interacciones, con un 62 % apoyando la prohibición como “protección necesaria” y un 35 % criticándola como “censura digital”. Organizaciones como UNICEF han elogiado la ley por priorizar la salud mental infantil.
Económicamente, las plataformas podrían perder 1.200 millones de dólares anuales en publicidad dirigida a menores australianos. Socialmente, divide a generaciones: padres celebran, adolescentes protestan. Políticamente, fortalece a Albanese, con su aprobación al 58 %. Australia no solo prohíbe redes: prohíbe la adicción en una infancia que creció pegada a la pantalla.
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