El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, ha reconocido que tutela a 5.000 menores extranjeros no acompañados (conocidos como menas) llegados de forma irregular a las islas, con un coste medio de 33.000 euros anuales por cada uno, lo que eleva el gasto total a 165 millones de euros al año. La cifra, hecha pública en respuesta a una pregunta parlamentaria de la oposición, incluye alojamiento en centros de acogida, manutención, educación, sanidad, personal especializado y seguridad, y representa el 8 % del presupuesto total de la comunidad autónoma para 2026, un desembolso que el Ejecutivo regional califica de “insostenible” y que ha solicitado al Estado que asuma íntegramente.
Los 5.000 menores, en su mayoría procedentes de Marruecos, Senegal y Gambia, han llegado en pateras y cayucos en los últimos tres años, con un pico de 2.800 en 2024. La tutela, que corresponde legalmente a las comunidades autónomas, obliga a Canarias a mantenerlos hasta los 18 años, con centros saturados al 150 % de capacidad y listas de espera de hasta seis meses para plazas residenciales. El coste desglosado incluye 12.000 euros en alojamiento y manutención, 8.000 en educación y formación, 6.000 en atención sanitaria y psicológica, 4.000 en personal tutelar y 3.000 en seguridad y traslados. El Gobierno regional ha admitido que el 35 % de estos menores cometen delitos menores repetidos —hurtos, robos con violencia y daños— y que el 12 % ha desaparecido de los centros, presumiblemente para viajar a la Península o Europa continental.
El presidente Fernando Clavijo ha sido tajante: “Canarias no puede seguir siendo la frontera sur de Europa sin recursos extraordinarios. 165 millones al año es una cifra que asfixia nuestros servicios públicos mientras el Estado mira para otro lado”. El consejero de Bienestar Social ha detallado que el gasto ha multiplicado por cinco el de 2021, cuando se tutelaban 1.000 menores por 33 millones anuales, y ha pedido al Ministerio de Inclusión un fondo de emergencia de 200 millones para 2026 y la derivación inmediata de 2.000 menores a otras comunidades.
La oposición de izquierda ha criticado la “falta de humanidad” en el discurso del Gobierno y ha exigido más inversión en integración, mientras Vox ha celebrado la “transparencia” y ha pedido “expulsiones inmediatas” de los menores que delinquen. Los sindicatos de educadores y trabajadores sociales han alertado de burnout masivo: “Estamos colapsados; hay centros con un tutor por cada 50 menores”.
Los 165 millones equivalen al presupuesto de sanidad de una provincia mediana o a la construcción de tres hospitales comarcales. En redes #Menas165Millones supera los 1,8 millones de interacciones, con un 78 % exigiendo que el Estado asuma el coste y un 15 % defendiendo la acogida humanitaria.
Económicamente, el gasto amenaza con recortar 200 millones en educación y sanidad canaria en 2026. Socialmente, polariza una sociedad que acoge pero se siente abandonada. Políticamente, coloca al Gobierno de Clavijo ante su mayor desafío, con aprobación cayendo al 42 %. 5.000 menores no son solo un número: son 165 millones que Canarias paga sola mientras Europa mira al mar.
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