La investigación judicial sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 ha dado un giro espectacular al revelar que parte de esos fondos podrían haber sido utilizados para blanquear dinero procedente de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según los avances de la causa, que ya cuenta con 14 detenidos —incluidos el dueño y el CEO de la aerolínea—, se estaría ante una organización criminal transnacional con ramificaciones en España, Francia y Suiza, dedicada a lavar millones de euros obtenidos mediante cohechos a altos funcionarios chavistas a cambio de contratos inflados en petróleo, alimentación y obras públicas.
El rescate, aprobado por el Gobierno en marzo de 2021 a través de la SEPI pese a que Plus Ultra no cumplía los criterios de “empresa estratégica” —tenía solo tres aviones operativos y deudas de 120 millones—, ha sido el punto de partida de una trama que involucra a exdirectivos de PDVSA, intermediarios venezolanos residentes en Madrid y cuentas bancarias en Ginebra y París. Los investigadores han documentado que al menos 22 millones de euros del rescate fueron desviados en los meses siguientes a sociedades pantalla en Luxemburgo y Panamá, desde donde se repartieron en comisiones a funcionarios del régimen y se invirtieron en propiedades de lujo en la Costa del Sol y en París.
La red operaba con un esquema sofisticado: empresas venezolanas adjudicatarias de contratos públicos pagaban sobornos a funcionarios de Maduro, que a su vez transferían el dinero a Plus Ultra bajo la apariencia de “servicios de transporte aéreo”. La aerolínea, con rutas mayoritariamente a Caracas y Quito, facturaba vuelos semivacíos mientras recibía inyecciones de capital que terminaban en cuentas suizas. Uno de los detenidos, un exdirectivo de Globalia, ha confesado que “el rescate fue la tabla de salvación para mantener la ruta del dinero sucio”, revelando que al menos 12 vuelos mensuales transportaban maletas con efectivo que luego se blanqueaban en España a través de compra de inmuebles y joyas.
La operación ha destapado conexiones con el caso Koldo: Víctor de Aldama, el “conseguidor” ya en prisión, aparece como enlace entre Plus Ultra y altos cargos del Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos. Los investigadores han encontrado mensajes donde Aldama coordinaba pagos de 500.000 euros a “amigos en Caracas” a cambio de “facilitar el rescate”. En Suiza, las autoridades han bloqueado 18 cuentas con 42 millones de euros, mientras en Francia se han registrado pisos en París adquiridos con fondos de la aerolínea.
Plus Ultra, que suspendió todos sus vuelos tras las detenciones y ha entrado en concurso de acreedores, deja en la calle a 280 trabajadores y con reservas canceladas para 15.000 pasajeros. El Gobierno ha anunciado que exigirá la devolución íntegra de los 53 millones, pero expertos dudan de que se recupere más del 20 %.
La oposición ha registrado una comisión de investigación en el Congreso y exige la comparecencia de Pedro Sánchez y Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica. En redes #PlusUltraCorrupción supera los 2,5 millones de interacciones, con un 88 % exigiendo responsabilidades políticas.
Económicamente, el caso expone la vulnerabilidad de los rescates públicos a redes criminales internacionales. Socialmente, indigna a un país que ve cómo dinero de impuestos financió corrupción extranjera. Políticamente, agrava la crisis del Gobierno, con aprobación cayendo al 30 %. 53 millones no fueron un rescate: fueron un puente para lavar el dinero sucio de un régimen que ahoga a Venezuela.
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