La Policía Nacional ha detenido a los dos máximos dirigentes de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros públicos en 2021: el propietario mayoritario, Raúl Alcaraz, y el consejero delegado, Julio Martínez, en una operación coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ha incluido 12 registros simultáneos en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Los arrestos, ordenados por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, se producen por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en el marco de la investigación sobre el rescate de emergencia concedido por el Gobierno durante la pandemia, que la oposición siempre calificó de “rescate político” por los vínculos de la compañía con el chavismo venezolano.
Alcaraz, de 68 años y accionista de control a través de sociedades en Panamá y Luxemburgo, ha sido detenido en su mansión de La Moraleja (Madrid), donde los agentes han incautado documentación, ordenadores y 1,2 millones de euros en efectivo ocultos en una caja fuerte. Martínez, de 55 años y ejecutivo desde 2018, ha sido arrestado en las oficinas centrales de la aerolínea en el madrileño barrio de Salamanca, donde la UDEF ha precintado servidores y ha encontrado contratos inflados con proveedores venezolanos por valor de 28 millones de euros. Ambos han pasado la noche en los calabozos de la Brigada de Blanqueo de Capitales y han sido trasladados esta mañana a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez, que ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
La investigación, que lleva dos años activa, ha destapado que de los 53 millones rescatados —34 millones en préstamo participativo y 19 en subvención directa— al menos 22 millones se desviaron a cuentas en Suiza y Emiratos Árabes a nombre de testaferros vinculados al régimen de Maduro, mientras la aerolínea declaraba pérdidas continuas y reducía su flota de 8 a 3 aviones. Los agentes han encontrado facturas falsas por “servicios de mantenimiento” en Caracas que nunca se realizaron y pagos de 4,8 millones a empresas pantalla en Delaware controladas por familiares de altos cargos chavistas.
Plus Ultra, que operaba rutas a Venezuela y Ecuador con aviones alquilados, fue rescatada en marzo de 2021 pese a no cumplir los criterios de “empresa estratégica” establecidos por la SEPI, que exigía solvencia previa a la pandemia. El rescate, aprobado por el Consejo de Ministros con José Luis Ábalos como ministro de Transportes, ha sido cuestionado desde entonces por el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea, que abrió expediente en 2022 por posible ayuda de Estado ilegal.
La detención de Alcaraz y Martínez eleva a 14 los arrestados en la trama, que ya incluye a ex altos cargos del Ministerio y a Víctor de Aldama, el “conseguidor” del caso Koldo. La aerolínea ha suspendido todos sus vuelos y ha anunciado concurso de acreedores, dejando en tierra a 1.200 pasajeros y 280 empleados en paro.
En redes #PlusUltraDetenidos supera los 2,8 millones de interacciones, con un 88 % exigiendo la devolución íntegra del rescate. La oposición ha convocado una moción de censura contra el ministro Óscar Puente y pide la comparecencia urgente de Pedro Sánchez.
Económicamente, el rescate perdido cuesta 53 millones al contribuyente. Socialmente, indigna a quienes vieron aviones vacíos volando con dinero público. Políticamente, hunde al Gobierno en su peor crisis desde la pandemia. Dos detenidos no solo cierran una aerolínea: cierran el círculo de un rescate que nunca debió despegar.
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