La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado su investigación sobre presuntas irregularidades en Correos al poner bajo la lupa un contrato de 18 millones de euros adjudicado a dedo en 2021 para la instalación de pantallas televisivas en 2.300 oficinas postales con el objetivo de difundir contenidos comerciales y publicitarios. El contrato, firmado sin concurso público y fraccionado en varios lotes para eludir la ley de contratación, fue aprobado durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez y nombrado por él en 2018, y cuando Leire Díez, ya detenida en la trama principal, ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Transportes con influencia directa sobre la empresa pública.
El objeto del contrato era equipar las oficinas de Correos con televisiones de gran formato para emitir anuncios de marcas como Coca-Cola, El Corte Inglés y Telefónica, generando ingresos estimados en 12 millones anuales por publicidad. Sin embargo, la UCO ha documentado que las pantallas, adquiridas a una empresa madrileña vinculada a un exdirectivo de Globalia, tenían un sobrecoste del 45 % respecto al precio de mercado y que parte de los equipos nunca se instalaron o funcionaron defectuosamente. Los investigadores han encontrado facturas infladas por 6,8 millones y pagos a intermediarios que terminaron en cuentas en Andorra y Panamá.
Serrano, que presidió Correos hasta 2022 y fue destituido tras acumular pérdidas de 1.200 millones, habría firmado personalmente la adjudicación en una reunión con directivos de la empresa beneficiaria, según testigos protegidos. Leire Díez, entonces directora general de Políticas Energéticas pero con acceso a informes de Correos por su relación con el Ministerio, aparece en correos internos presionando para “agilizar” el contrato a cambio de “favores futuros”. La UCO ha registrado ya las oficinas de la empresa adjudicataria en Madrid y ha incautado discos duros con contratos paralelos por valor de 4,2 millones.
El contrato se firmó en plena pandemia, cuando Correos recibía inyecciones públicas de 300 millones anuales para mantener el servicio universal, y se justificó como “modernización digital”. Sin embargo, solo el 40 % de las pantallas instaladas emitieron publicidad efectiva, y el resto quedaron apagadas o con fallos técnicos. Los investigadores sospechan que el proyecto sirvió como “puerta giratoria” para desviar fondos a empresas afines al entorno socialista.
La operación se enmarca en la macrocausa que ya ha llevado a prisión a Leire Díez y otros altos cargos, y que investiga desvíos por más de 100 millones en contratos públicos. El juez ha solicitado al actual presidente de Correos, Pedro Saura, toda la documentación del contrato y ha citado a declarar a tres exdirectivos de la empresa pública para enero de 2026.
El PSOE ha defendido que “todos los contratos se ajustaron a la legalidad vigente” y ha acusado a la oposición de “judicializar la política”. Sin embargo, la UCO ha encontrado mensajes de Serrano a Díez donde celebran “el éxito del proyecto televisivo” y se reparten “comisiones por la gestión”.
En redes #Correos18Millones supera los 1,9 millones de interacciones, con un 85 % exigiendo responsabilidades. La oposición ha registrado una comisión de investigación en el Congreso y pide la comparecencia de Sánchez por su amistad con Serrano.
Económicamente, el contrato fallido costó 18 millones al erario sin retorno publicitario real. Socialmente, indigna a un país que ve cómo dinero público se usaba para pantallas que nunca funcionaron. Políticamente, agrava la crisis del Gobierno en plena tormenta por otros rescates irregulares. 18 millones en televisiones no fueron modernización: fueron otra puerta para la corrupción.
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