Destituido el número dos de la cúpula policial por intentar sobornar a la inspectora que denunció la agresión sexual del máximo jefe operativo

La crisis interna que sacude a la Policía Nacional se ha agravado en las últimas horas con la destitución fulminante del número dos de la D...

La crisis interna que sacude a la Policía Nacional se ha agravado en las últimas horas con la destitución fulminante del número dos de la Dirección Adjunta Operativa, señalado por la investigación judicial como el responsable de presionar y tratar de sobornar a la inspectora que denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte del máximo responsable operativo del cuerpo. La decisión se produce después de que salieran a la luz nuevos indicios que apuntan a una estrategia organizada para silenciar a la denunciante y frenar el impacto institucional y mediático del caso.

Según las diligencias incorporadas a la causa, el alto mando ahora cesado habría contactado de manera directa con la inspectora en los días posteriores a la denuncia, trasladándole mensajes destinados a disuadirla de continuar con el procedimiento judicial. En esos encuentros y comunicaciones, siempre de acuerdo con la versión recogida en la investigación, el mando policial le habría ofrecido una serie de beneficios profesionales a cambio de que retirara la acusación y evitara que el asunto trascendiera públicamente.

Entre las promesas que se le habrían puesto sobre la mesa figuraban traslados “a la carta” a destinos solicitados por la propia agente, mejoras en su proyección profesional y la garantía de un entorno laboral favorable una vez se cerrara el episodio. La investigación considera que estas ofertas no fueron iniciativas aisladas, sino parte de una maniobra consciente para comprar su silencio y proteger al entonces máximo jefe operativo, cuya situación judicial se ha convertido en una de las mayores crisis reputacionales para la institución en los últimos años.

Los investigadores destacan que la actuación del número dos de la DAO no se limitó a una simple mediación interna, sino que, presuntamente, cruzó la línea penal al tratar de influir en una víctima de un delito grave en un procedimiento ya judicializado. En este contexto, el cese se interpreta como una medida ineludible ante la gravedad de los hechos y el daño institucional que supondría mantener en su puesto a un alto cargo bajo sospecha de obstrucción a la justicia.

Fuentes próximas al caso subrayan que la inspectora rechazó las ofertas desde el primer momento y trasladó a sus representantes legales el contenido de las conversaciones, lo que permitió incorporar estos episodios a la causa. Para los investigadores, este comportamiento refuerza la credibilidad de su testimonio y desmonta la versión de quienes sostienen que se trató únicamente de un intento de apoyo profesional en un momento personal delicado.

La destitución del mando policial se suma a la dimisión del propio director adjunto operativo, citado como investigado por la presunta agresión sexual, lo que ha dejado a la cúpula de la Policía Nacional en una situación de interinidad sin precedentes. La concatenación de ceses y dimisiones ha abierto un debate interno sobre los mecanismos de control, la cultura de poder dentro de los altos mandos y la capacidad real de la institución para proteger a las víctimas cuando los presuntos responsables pertenecen a la propia jerarquía.

Desde distintos sindicatos policiales se reclama ahora una revisión profunda de los protocolos internos para la gestión de denuncias sensibles y para la protección de denunciantes frente a posibles represalias. También se exige transparencia en los procesos de nombramiento de los cargos de máxima responsabilidad, al considerar que el caso ha evidenciado una excesiva concentración de poder y una red de lealtades que habría dificultado que la denuncia prosperara con normalidad desde el primer momento.

Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso y se prevé que en las próximas semanas se practiquen nuevas declaraciones y diligencias para determinar si existieron más personas implicadas en los intentos de presión a la inspectora. El objetivo de los investigadores es esclarecer si la actuación del número dos de la DAO fue una iniciativa personal o si respondía a una estrategia más amplia para blindar a la antigua cúpula operativa del cuerpo. La investigación, además de depurar responsabilidades penales, se ha convertido en una prueba clave para la credibilidad futura de la Policía Nacional y su compromiso real con la tolerancia cero frente a los abusos dentro de sus propias filas.