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El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado una decisión que ha generado una fuerte polémica en los ámbitos judicial y político. Ha relevado de su cargo a la magistrada Silvia Martínez Cantón, responsable de la magistratura de enlace con Francia y Suiza, alegando una “pérdida de confianza”. Esta destitución se produce de forma anticipada, antes de que la jueza completara el periodo mínimo de permanencia de dos años en el puesto, y coincide con el momento más delicado de la investigación sobre el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La magistrada Martínez Cantón manejaba información reservada y era clave en la cooperación judicial internacional. Su labor resultaba fundamental para canalizar las diligencias abiertas en Francia y Suiza, países donde se destaparon importantes ramificaciones del caso relacionadas con presunto blanqueo de capitales, tráfico de influencias y una posible trama organizada en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Además de cesarla, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños ha eliminado el enlace específico con las autoridades suizas, pese a que existen diligencias abiertas y en curso. Hasta ahora, la magistratura de enlace con Francia incluía acreditación extendida para Suiza, un país que no cuenta con figura equivalente y que depende de esta conexión para agilizar la cooperación. Esta medida ha sido interpretada por la oposición como un intento de debilitar la investigación en un momento crítico.
El caso Plus Ultra ha cobrado gran relevancia en las últimas semanas tras el levantamiento parcial del secreto de sumario por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Las investigaciones apuntan a que la compañía, de capital venezolano, habría recibido el rescate público sin cumplir estrictamente los requisitos establecidos, y se investigan posibles pagos de comisiones y una red de influencias que habría beneficiado a personas cercanas al expresidente Zapatero. Las fiscalías francesa y suiza han aportado información relevante sobre movimientos financieros sospechosos.
Desde el Ejecutivo se defiende que la decisión responde a criterios de gestión ordinaria del Ministerio de Justicia y que la cooperación judicial con Francia y Suiza queda garantizada a través de otros canales. Sin embargo, sectores de la judicatura y partidos de la oposición como PP y VOX consideran que se trata de una interferencia política. Critican que se aparte a una magistrada que estaba gestionando directamente información sensible sobre un caso que salpica al anterior presidente socialista y, por extensión, al actual Gobierno.
La Asociación Profesional de la Magistratura y otras voces del mundo judicial han expresado su preocupación por la imagen que proyecta esta destitución anticipada. Consideran que debilita la independencia judicial y la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y el crimen económico transfronterizo.
Por su parte, el Gobierno insiste en que el puesto se convocará de nuevo siguiendo los procedimientos habituales y que la “pérdida de confianza” es un motivo suficiente y legítimo. No obstante, la coincidencia temporal con el avance de las pesquisas sobre Plus Ultra alimenta las sospechas de una maniobra para entorpecer la investigación.
Esta polémica se suma a las tensiones existentes entre el Ejecutivo y parte del Poder Judicial, en un contexto donde varios casos de presunta corrupción salpican al PSOE y a figuras relevantes del anterior Gobierno. Mientras la Audiencia Nacional continúa su trabajo, la oposición exige explicaciones detalladas y reclama que no se ponga ninguna traba a la cooperación con las autoridades francesas y suizas. El relevo de la magistrada y la supresión del enlace con Suiza seguirán generando debate en las próximas semanas.
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