Una resolución judicial ha establecido que la anulación de las sanciones impuestas por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid afecta a todas las multas no firmes y no únicamente a las correspondientes a las zonas de especial protección. Según Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la medida podría alcanzar más de 3,5 millones de expedientes, con un impacto económico estimado cercano a los 700 millones de euros.
La resolución rechaza el criterio aplicado por el Ayuntamiento
La nueva resolución judicial considera que la nulidad de las Zonas de Bajas Emisiones debe extenderse a todas las sanciones afectadas que no hayan adquirido firmeza.
Con ello, rechaza la interpretación mantenida por el Ayuntamiento de Madrid, que limitaba los efectos de la anulación a las multas impuestas en las ZBE de especial protección, como Distrito Centro y Plaza Elíptica.
Según AEA, la decisión afecta a los expedientes sancionadores derivados de una ordenanza previamente anulada por los tribunales.
La asociación ha advertido de que solicitará la ejecución forzosa de la resolución si el Consistorio mantiene los procedimientos de cobro o embargo de las sanciones afectadas.
Más de 3,5 millones de multas podrían verse afectadas
AEA estima que la resolución podría alcanzar más de 3,5 millones de multas tramitadas desde la entrada en vigor de las restricciones.
La organización calcula que el importe económico asociado a esos expedientes ronda los 700 millones de euros, aunque la cifra dependerá del número definitivo de sanciones afectadas y de su situación administrativa.
La resolución se refiere a multas que todavía no cuentan con una resolución judicial firme, un aspecto que puede resultar determinante para su eventual anulación.
El alcance definitivo de la decisión dependerá también de las actuaciones que adopte el Ayuntamiento y de los posibles recursos o procedimientos posteriores.
El Ayuntamiento mantiene abierta la respuesta jurídica
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha anunciado cómo aplicará esta nueva resolución judicial.
Meses atrás, el Gobierno municipal sostuvo que las anteriores sentencias sobre las ZBE no tenían efectos retroactivos y defendió que la nueva Ordenanza de Movilidad, ya en vigor, corregía los defectos apreciados por los tribunales en la normativa anterior.
La nueva resolución añade un nuevo capítulo al proceso judicial sobre las Zonas de Bajas Emisiones y podría influir en la gestión de miles de expedientes sancionadores.
Mientras tanto, conductores, asociaciones y administraciones permanecen pendientes de los próximos pronunciamientos judiciales y de la posición definitiva del Consistorio respecto a la ejecución de la resolución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario