Un grupo de generales de la Guardia Civil ha enviado varios escritos a la Dirección General del Cuerpo para solicitar el uso de lanzagranadas como medida contra las grandes organizaciones de narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Los documentos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, describen la situación como un “hilo de correos” al que no se ha dado curso. Ni la directora general, Mercedes González, ni el director adjunto operativo, Manuel Llamas —ya imputado por corrupción—, han respondido a estas peticiones.
La iniciativa refleja la preocupación interna por la evolución de la delincuencia organizada en la zona.
Los escritos internos de los generales
Los generales han elevado varios documentos en los que exponen la necesidad de emplear lanzagranadas para hacer frente a las embarcaciones rápidas utilizadas por las organizaciones de narcotráfico. Los textos argumentan que las medidas convencionales resultan insuficientes ante la capacidad operativa de los grupos criminales.
Los escritos se han remitido a través de canales internos y forman parte de un intercambio de correos entre altos mandos del Instituto Armado. Hasta el momento, no han recibido respuesta formal de la cúpula directiva.
Fuentes internas consultadas indican que los generales consideran que esta herramienta podría ser “la única salida” ante la escalada de violencia y la sofisticación de las redes de droga en el Estrecho.
La situación actual en el Estrecho de Gibraltar
El Estrecho de Gibraltar se ha consolidado como una de las principales rutas de entrada de hachís y cocaína a Europa. Las organizaciones criminales utilizan potentes narcolanchas que alcanzan altas velocidades y son difíciles de interceptar con los medios convencionales.
En los últimos años se ha registrado un aumento de incidentes violentos, incluyendo enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. Los generales argumentan en sus escritos que la situación requiere medidas más contundentes para restaurar el control de la zona.
La Guardia Civil y otros cuerpos han intensificado los operativos en la zona, pero los responsables operativos consideran que los recursos actuales son limitados frente a la capacidad de las organizaciones.
Ausencia de respuesta de la cúpula directiva
Ni la directora general Mercedes González ni el director adjunto operativo Manuel Llamas han dado curso a los escritos de los generales. Llamas se encuentra imputado en una causa por corrupción, lo que añade complejidad al contexto interno del cuerpo.
La Dirección General no ha realizado declaraciones públicas sobre estas peticiones. Fuentes del Ministerio del Interior indican que cualquier cambio en los protocolos operativos requeriría una evaluación técnica y legal exhaustiva.
El uso de lanzagranadas contra embarcaciones en aguas españolas plantea importantes cuestiones jurídicas y de proporcionalidad que deberían ser analizadas por las autoridades competentes.
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