La Fiscalía ha defendido en el juicio del caso Kitchen que el operativo desplegado en 2013 para obtener información del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, constituyó un "operativo parapolicial criminal" dirigido a interferir en la investigación de la trama Gürtel. Durante su informe final, el fiscal César de Rivas solicitó penas de hasta 15 años de prisión para varios de los principales acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
La Fiscalía expone su tesis final sobre la operación Kitchen
La fase final del juicio del caso Kitchen ha entrado en uno de sus momentos más relevantes con la presentación del informe definitivo del Ministerio Fiscal.
Durante su intervención ante el tribunal, el fiscal César de Rivas sostuvo que la denominada operación Kitchen fue un dispositivo organizado al margen de los cauces legales con el objetivo de acceder a documentación y datos que obraban en poder del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Según la acusación pública, la finalidad principal de ese operativo habría sido obstaculizar el desarrollo de la investigación judicial sobre la trama Gürtel, uno de los procedimientos por corrupción política con mayor recorrido en España.
El representante del Ministerio Fiscal calificó la actuación investigada como un "operativo parapolicial criminal", expresión utilizada durante la exposición de sus conclusiones definitivas ante la Audiencia Nacional.
La Fiscalía sostiene que el dispositivo se habría desarrollado utilizando recursos públicos y efectivos policiales para fines distintos de los previstos por la legislación vigente.
Estas conclusiones forman parte de la posición procesal del Ministerio Fiscal y deberán ser valoradas por el tribunal junto con el resto de las pruebas practicadas durante el juicio.
Petición de penas para antiguos responsables de Interior y mandos policiales
Como parte de su informe final, la Fiscalía solicitó una condena de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
La misma petición fue formulada para Francisco Martínez, quien ocupó la Secretaría de Estado de Seguridad durante el periodo en el que presuntamente se desarrolló la operación.
El fiscal sostiene que ambos habrían tenido conocimiento del supuesto espionaje dirigido contra Luis Bárcenas en 2013.
La acusación también se dirige contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el comisario Andrés Gómez Gordo, el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y Sergio Ríos, antiguo chófer de la familia Bárcenas.
Según la tesis de la Fiscalía, los distintos acusados habrían desempeñado funciones específicas dentro del operativo investigado.
Las defensas, por su parte, mantienen posiciones contrarias a la acusación y rechazan la existencia de responsabilidades penales, ejerciendo su derecho de contradicción durante el procedimiento.
Será la Sala de la Audiencia Nacional la encargada de valorar el conjunto de las pruebas y dictar sentencia una vez concluya el juicio.
Un procedimiento vinculado a la investigación de Gürtel
La operación Kitchen constituye una pieza separada vinculada al contexto de la investigación del caso Gürtel, aunque se centra en hechos distintos relacionados con el presunto acceso irregular a información del extesorero del Partido Popular.
La investigación judicial sostiene que el objetivo habría sido obtener documentación sensible que pudiera afectar al desarrollo de las diligencias abiertas por corrupción.
Durante la instrucción fueron incorporados informes policiales, declaraciones de investigados y testigos, así como diversa documentación analizada por el tribunal.
El juicio ha permitido a las acusaciones y a las defensas exponer sus respectivas interpretaciones sobre los hechos, la participación de cada acusado y el alcance de las actuaciones investigadas.
Con la presentación del informe final de la Fiscalía, el procedimiento entra en su fase decisiva antes de que el tribunal delibere sobre los hechos enjuiciados.
La resolución judicial determinará si los hechos descritos por las acusaciones quedan acreditados y si procede la imposición de responsabilidades penales a alguno de los acusados.
Hasta la publicación de una sentencia firme, todos ellos mantienen la presunción de inocencia reconocida por el ordenamiento jurídico español.
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