Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y varios juzgados se centran ya en operaciones vinculadas al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por un importe conjunto de unos 760 millones de euros. La incorporación de la operación relativa a Tubos Reunidos amplía el alcance de unas diligencias que continúan en fase de instrucción y afectan a varias ayudas concedidas durante la pandemia.
Cuatro operaciones del FASEE están bajo investigación
Las pesquisas judiciales y policiales alcanzan actualmente cuatro operaciones financiadas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Entre las operaciones objeto de revisión figuran las ayudas concedidas a Tubos Reunidos, Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera.
El volumen económico de estas actuaciones asciende, según la información incorporada a las distintas investigaciones, a aproximadamente 760 millones de euros.
Las diligencias se desarrollan en diferentes órganos judiciales y se encuentran en distintas fases procesales.
El FASEE fue creado en 2020 con el objetivo de respaldar empresas consideradas estratégicas que atravesaban dificultades derivadas de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
Las ayudas concedidas por este instrumento debían cumplir los requisitos establecidos en la normativa nacional y europea aplicable.
Las investigaciones analizan la legalidad de las operaciones
La incorporación de Tubos Reunidos a las investigaciones amplía el número de expedientes que están siendo examinados por los órganos competentes.
Según distintas informaciones publicadas, el denominado caso Leire y la documentación intervenida durante la investigación han dado lugar a nuevas líneas de actuación relacionadas con la gestión de determinadas ayudas públicas.
Las pesquisas también analizan la actuación de responsables y antiguos cargos vinculados a la gestión de la SEPI durante el periodo investigado.
No obstante, las investigaciones permanecen abiertas y hasta el momento no existe una resolución judicial firme que determine responsabilidades penales respecto de las operaciones examinadas.
Las personas afectadas por estas diligencias mantienen la presunción de inocencia reconocida por el ordenamiento jurídico mientras continúe la instrucción.
Corresponderá a los juzgados valorar los indicios recabados y decidir si procede la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones en cada uno de los procedimientos.
El fondo movilizó hasta 10.000 millones durante la pandemia
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue dotado inicialmente con un máximo de 10.000 millones de euros para atender las necesidades de empresas afectadas por la crisis sanitaria.
Su finalidad consistía en preservar la continuidad de compañías consideradas estratégicas para la economía española mediante préstamos participativos, préstamos ordinarios u otras fórmulas de apoyo financiero.
Las investigaciones actualmente en marcha afectan únicamente a determinadas operaciones concretas financiadas con cargo a ese instrumento y no implican, por sí mismas, que el conjunto del fondo esté siendo cuestionado judicialmente.
Las referencias a posibles irregularidades sobre importes superiores corresponden a hipótesis o líneas de investigación difundidas en distintas informaciones periodísticas y no constituyen hechos acreditados en sede judicial.
La evolución de las causas dependerá de las diligencias que continúen practicándose, de los informes policiales y periciales que se incorporen a los procedimientos y de las decisiones que adopten los jueces encargados de cada investigación.
Hasta que existan resoluciones firmes, el alcance de las eventuales responsabilidades seguirá sujeto al desarrollo de los procedimientos judiciales.
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