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Un testigo ha declarado en el marco de la investigación judicial sobre presuntas comisiones irregulares relacionadas con operaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que un responsable de la Agencia Tributaria le habría solicitado una comisión del 3% destinada, según esa versión, a un supuesto "primo" de la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero. La investigación continúa en fase de instrucción y las manifestaciones del testigo deberán ser contrastadas por el órgano judicial.
La causa que investiga posibles irregularidades en operaciones vinculadas a la SEPI ha incorporado una nueva línea de investigación tras la declaración de un testigo ante el juzgado encargado de la instrucción.
Según la información publicada por "The Objective", el compareciente sostuvo que durante una operación relacionada con la venta de inmuebles públicos se le habría solicitado el pago de una comisión del 3%. De acuerdo con su testimonio, esa cantidad estaría destinada a un supuesto familiar de María Jesús Montero.
Una declaración incorporada a la investigación
Las manifestaciones forman parte de las diligencias practicadas por el juzgado instructor y constituyen una de las pruebas que deberán ser valoradas junto con el resto del material incorporado al procedimiento.
En esta fase procesal, corresponde al órgano judicial comprobar la veracidad de las afirmaciones mediante la práctica de nuevas diligencias y la recopilación de documentación y testimonios adicionales.
La existencia de una declaración en sede judicial no implica, por sí sola, que los hechos relatados hayan quedado acreditados ni determina responsabilidades penales.
La causa sobre la SEPI continúa en fase de instrucción
La investigación judicial analiza presuntas irregularidades relacionadas con operaciones atribuidas a personas vinculadas a la SEPI y otras entidades públicas.
El objetivo de la instrucción es determinar si existieron conductas que pudieran ser constitutivas de delito y, en su caso, identificar a los posibles responsables.
Hasta el momento, el procedimiento permanece abierto y no existe una resolución judicial firme sobre los hechos investigados.
Presunción de inocencia y próximos pasos
Las personas mencionadas en la investigación mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que establezca lo contrario.
Será el juzgado el que decida, una vez practicadas las diligencias pendientes, si procede archivar la causa, continuar la instrucción o adoptar otras decisiones previstas en la legislación procesal.
Por el momento, las alegaciones conocidas proceden de la declaración de un testigo y forman parte de una investigación judicial que sigue su curso.
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