El periodista Vito Quiles ha denunciado que un juez ha dictado una orden de busca y captura contra él tras una serie de denuncias presentadas por personas del entorno de Pedro Sánchez. Quiles vincula la medida a su reciente encuentro con Begoña Gómez. Según el reportero, la Policía se ha personado en el canal donde trabaja para intentar cumplir la orden. El periodista ha calificado la actuación de persecución política a través de la justicia.
Quiles ha hecho públicas sus denuncias a través de sus perfiles en redes sociales.
La denuncia del periodista y su versión de los hechos
Vito Quiles ha afirmado que la orden judicial se produce después de una “campaña de denuncias masivas” coordinada desde el entorno del presidente del Gobierno. El periodista sostiene que todo comenzó tras su encuentro con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
En sus mensajes en redes, Quiles ha escrito: “Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez”. También ha añadido que “el Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo”.
Hasta el momento, ni el juez ni el Ministerio del Interior han confirmado públicamente la existencia de la orden de busca y captura.
La actuación policial en el canal de Quiles
Según la versión del periodista, agentes de la Policía se presentaron en las instalaciones del canal donde trabaja Vito Quiles para intentar ejecutar la orden judicial. Quiles ha señalado que no se encontraba en el lugar en ese momento.
No ha trascendido el nombre del juzgado ni el número de la causa en la que se enmarca la supuesta orden. Fuentes judiciales consultadas indican que, de existir, la medida estaría relacionada con alguna de las denuncias presentadas contra el periodista en los últimos meses.
El Ministerio del Interior no ha realizado declaraciones sobre este caso concreto.
Contexto de las denuncias contra Vito Quiles
Vito Quiles, conocido por su actividad en redes sociales y programas de debate, ha sido objeto de múltiples denuncias en los últimos años por parte de personas y entidades cercanas al Gobierno. Varias de estas denuncias se relacionan con publicaciones en las que critica duramente al Ejecutivo.
El periodista ha mantenido que se trata de una estrategia para silenciar voces críticas. Sus seguidores han interpretado las denuncias como un intento de intimidación política.
Por su parte, el entorno del Gobierno ha defendido en ocasiones anteriores que se trata de acciones judiciales ordinarias derivadas de posibles delitos de injurias o calumnias.
El caso pone de manifiesto la tensión existente entre algunos periodistas de investigación y el poder ejecutivo, así como el uso cada vez más frecuente de la vía judicial en el debate público español.
La Audiencia Nacional o los juzgados de guardia correspondientes serán los encargados de resolver sobre la procedencia de la orden, en caso de que efectivamente exista.
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