Marruecos asegura que avisó a España antes de la crisis de Ceuta de que una sentencia del Supremo debilitaba la cooperación migratoria.
El Gobierno de Marruecos asegura que advirtió a España, días antes de la crisis migratoria en Ceuta, de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español debilitaba la "responsabilidad compartida" en la gestión de la inmigración. Rabat sostiene que trasladó esa preocupación por vía diplomática, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores español defiende que el fallo judicial no modifica las vías legales de acceso al territorio nacional.
Rabat vincula la crisis a una sentencia del Supremo
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos ha afirmado que alertó a España, varios días antes de la crisis registrada en Ceuta, sobre las consecuencias que, a su juicio, podía tener una reciente resolución del Tribunal Supremo relacionada con la política migratoria.
Según una fuente del departamento marroquí de Exteriores, Rabat comunicó a las autoridades españolas que la decisión judicial suponía un debilitamiento del principio de "responsabilidad compartida" que ambos países mantienen desde hace años en materia de control migratorio.
La referencia marroquí apunta a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español a comienzos del mes de julio, en la que se establecen criterios sobre las devoluciones de personas que acceden a Ceuta y Melilla por vía marítima.
De acuerdo con la versión trasladada por Marruecos, esa resolución alteraba el marco operativo existente entre ambos países para la gestión de los flujos migratorios.
Las autoridades marroquíes sostienen que dicha preocupación fue comunicada oficialmente antes de que se produjera la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma.
Sin embargo, hasta el momento no se han difundido públicamente los documentos diplomáticos que, según Rabat, acreditarían esas advertencias.
Las declaraciones llegan en un contexto de máxima tensión entre ambos países tras la crisis vivida en la frontera de Ceuta.
Durante las últimas semanas, las relaciones bilaterales han estado marcadas por el intercambio de mensajes sobre la gestión migratoria y la cooperación en materia de seguridad.
España rechaza la interpretación realizada por Marruecos
Frente a la versión ofrecida por Rabat, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha defendido que la sentencia del Tribunal Supremo no modifica las condiciones de acceso al territorio español.
Desde el Gobierno se insiste en que el fallo judicial "no abre ninguna vía de entrada a España" y que la normativa sobre control fronterizo continúa plenamente vigente.
Las autoridades españolas sostienen que la resolución debe interpretarse dentro del marco jurídico nacional y europeo, sin que ello implique una alteración de los mecanismos de vigilancia de las fronteras.
El Ejecutivo también mantiene que la cooperación con Marruecos en materia migratoria continúa siendo un elemento esencial de la relación bilateral.
La sentencia del Tribunal Supremo ha generado un intenso debate jurídico y político sobre el alcance de las devoluciones inmediatas en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Diversos sectores han realizado interpretaciones diferentes sobre sus efectos prácticos, mientras el Gobierno insiste en que el fallo no modifica la política general de control fronterizo.
El intercambio de posiciones entre Madrid y Rabat evidencia la distinta lectura que ambos países realizan sobre las implicaciones de esa resolución judicial.
La crisis migratoria registrada posteriormente ha intensificado aún más ese desacuerdo.
La cooperación migratoria continúa en el centro del debate
La gestión de la inmigración constituye desde hace años uno de los principales ejes de la relación entre España y Marruecos.
Ambos países mantienen mecanismos de coordinación en materia de vigilancia fronteriza, intercambio de información y lucha contra las redes dedicadas al tráfico de personas.
Los acontecimientos registrados en Ceuta han situado nuevamente esa cooperación bajo un intenso escrutinio político e institucional.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma y determinar si existió algún tipo de actuación organizada.
Paralelamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad continúan elaborando informes técnicos sobre el desarrollo de la crisis y sobre la respuesta desplegada durante aquellos días.
Mientras avanzan esas investigaciones, el debate diplomático entre España y Marruecos continúa centrado en las responsabilidades y en las causas que desembocaron en la mayor presión migratoria registrada en Ceuta en los últimos años.
Las declaraciones del Gobierno marroquí añaden un nuevo elemento a esa discusión al situar el foco sobre una resolución judicial española aprobada semanas antes de la crisis.
Por su parte, el Ejecutivo español mantiene que dicha sentencia no alteró el marco legal de protección de las fronteras y rechaza que pueda establecerse una relación directa entre el fallo del Supremo y los acontecimientos posteriores.
La evolución de las investigaciones judiciales y la continuidad del diálogo diplomático serán determinantes para aclarar las distintas versiones sobre uno de los episodios más delicados vividos recientemente en las relaciones entre ambos países.
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