Un grupo destrozó en el puerto de Ceuta el coche de la diputada Julia Ferreras y del activista Rafael Borrego, al confundirlos con miembros de una ONG
Un grupo de personas asaltó ayer en el puerto de Ceuta el vehículo de la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras y el del activista de la Flotilla Rafael Borrego. El ataque se produjo por error, en el marco de una protesta contra la llegada de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, vinculada a redes de apoyo a inmigrantes. Los manifestantes rodearon el coche, lo golpearon y lanzaron piedras y objetos. Ferreras ha denunciado los hechos ante la Policía y describe momentos de gran tensión a la salida del puerto. Borrego relató que alguien gritó que era “uno de ellos” y “proetarra”, y que la gente se echó encima. Hoy ha sido detenido un hombre por romper el retrovisor del vehículo de la diputada; ha pasado a disposición judicial en juicio rápido y será puesto en libertad.
El incidente refleja el clima de crispación en torno a la llegada de colectivos de apoyo a migrantes en la ciudad autónoma.
La protesta y el ataque por error
La concentración se dirigía contra la presencia en Ceuta de la asociación Negu Gorriak/Derecho a Techo, un colectivo con sede en Pamplona que trabaja en redes de apoyo a personas migrantes. Un grupo de ceutíes se concentró en el entorno del puerto para mostrar su rechazo a la llegada de esos activistas.
En ese contexto, los manifestantes confundieron el vehículo de la diputada Julia Ferreras con el de miembros de la ONG navarra. El coche fue rodeado, golpeado y recibió pedradas y el lanzamiento de objetos. La parlamentaria de Ceuta Ya! se encontraba en el lugar y ha formalizado denuncia policial por los daños y por la agresión sufrida en un momento de elevada tensión.
La confusión de identidad resulta central en el relato de los hechos. No se trataba de un ataque dirigido de forma deliberada contra la diputada por su actividad parlamentaria, sino de un error en el calor de una protesta orientada contra otro colectivo. El resultado, no obstante, fue el mismo: un vehículo destrozado y una representante pública que denuncia haber temido por su integridad.
El testimonio de Ferreras y de Borrego
Julia Ferreras ha explicado que la agresión se produjo a la salida del puerto, en un ambiente de gran nerviosismo. Según su versión, el grupo actuó con violencia contra el coche y generó una situación en la que ella y quienes la acompañaban temieron un desenlace peor. La frase “nos iban a matar”, recogida en su relato, resume la percepción de peligro que describe la diputada.
Rafael Borrego, activista vinculado a la Flotilla, ofreció un testimonio paralelo. Relató que un hombre le señaló diciendo “este es uno de ellos, es uno de ellos, es un proetarra”, y que a partir de ese momento la gente se lanzó sobre él. La acusación de ser “proetarra” —sin relación acreditada con los hechos— funcionó como detonante de la hostilidad del grupo hacia su persona y su vehículo.
Ambos relatos coinciden en el patrón: identificación errónea o apresurada, señalamiento en voz alta y reacción colectiva violenta contra los coches y sus ocupantes. La protesta, nacida del rechazo a una asociación de apoyo a inmigrantes, derivó en una agresión contra personas que no eran el objetivo inicial de los concentrados.
La detención y el juicio rápido
Este lunes ha sido detenido un hombre acusado de atacar y romper el retrovisor del coche de Julia Ferreras. El detenido ha pasado a disposición judicial en el marco de un juicio rápido. Según las informaciones disponibles, será puesto en libertad, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse del procedimiento.
La detención se limita, de momento, a esa persona y a los daños concretos en el vehículo de la diputada. Queda por ver si la investigación identifica a otros participantes en el asalto colectivo y si se abren diligencias adicionales por los daños en el coche de Borrego o por las amenazas y coacciones que ambos describen.
El juicio rápido permite una tramitación acelerada de delitos flagrantes o de instrucción sencilla. La puesta en libertad del detenido no implica archivo: el procedimiento puede continuar con citaciones, pruebas y, en su caso, juicio oral.
Tensión en Ceuta y el debate sobre las ONG
Ceuta vive desde las llegadas masivas de finales de julio un clima de fuerte polarización en torno a la inmigración, la gestión de los menores no acompañados y la presencia de colectivos solidarios llegados de la península. La anuncio de la llegada de Negu Gorriak/Derecho a Techo activó una respuesta de rechazo entre sectores de la población local que consideran que estos grupos agravan la presión sobre una ciudad ya saturada.
En ese ambiente, cualquier persona identificada —correcta o erróneamente— con el apoyo a inmigrantes puede convertirse en blanco de hostilidad. El caso de Ferreras y Borrego ilustra el riesgo de que la protesta desemboque en violencia contra terceros y en la erosión de la seguridad de cargos públicos y activistas.
Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de proteger tanto el derecho de manifestación como la integridad de quienes no son objeto legítimo de la protesta. La confusión de vehículos y el señalamiento apresurado ponen de relieve la dificultad de mantener el orden cuando la tensión es alta y la información que circula entre los concentrados es imprecisa o interesada.
Después de los hechos
Julia Ferreras mantiene su denuncia ante la Policía. Rafael Borrego ha dejado constancia pública de lo ocurrido y del grito que, según él, desencadenó la embestida del grupo. Un hombre ha sido detenido por los daños en el retrovisor de la diputada y comparece en juicio rápido.
La investigación determinará si hay más responsables y si los hechos se limitan a daños y desórdenes o si concurren figuras penales de mayor gravedad. En el plano político, el episodio alimentará el debate sobre la seguridad en Ceuta, sobre el papel de las asociaciones de apoyo a migrantes y sobre los límites de la protesta ciudadana cuando deriva en agresión a personas y bienes.
La diputada de Ceuta Ya! y el activista de la Flotilla coinciden en una conclusión: el error de identificación no reduce la gravedad de lo vivido. Un grupo destrozó sus vehículos en el puerto y, según su testimonio, estuvo cerca de causar un daño mayor. La respuesta judicial y policial a esos hechos será el indicador de hasta qué punto la ciudad autónoma puede canalizar el malestar por la presión migratoria sin que desemboque en violencia contra quienes, por confusión o por su labor, quedan en el punto de mira.
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