Diella, la ministra IA de Albania contra la corrupción, cumple un año entre dudas sobre su responsabilidad legal y transparencia.
Albania cumple un año desde la creación de Diella, la primera figura gubernamental del país basada en inteligencia artificial, diseñada para participar en la lucha contra la corrupción en la contratación pública. El proyecto impulsado por el primer ministro Edi Rama ha generado debate por la ausencia de una responsabilidad legal clara y por una investigación que afecta al organismo encargado de desarrollarlo.
Diella, cuyo nombre significa “Sol” en albanés, fue presentada en septiembre de 2025 como una iniciativa pionera dentro de la administración pública europea. El Gobierno de Albania la incorporó como “ministra de Estado para la Inteligencia Artificial” con el objetivo declarado de mejorar la transparencia y reducir irregularidades en los procesos de contratación pública.
La incorporación de esta inteligencia artificial al Ejecutivo fue aprobada por el Parlamento albanés el 18 de septiembre de 2025, coincidiendo con la formación del cuarto Gobierno liderado por Edi Rama.
La decisión convirtió a Albania en uno de los primeros países en situar una herramienta de inteligencia artificial dentro de una estructura ministerial, aunque desde el principio surgieron preguntas sobre sus funciones reales, sus límites y la responsabilidad jurídica asociada a sus decisiones.
El proyecto nació inicialmente como un chatbot destinado a facilitar la relación entre los ciudadanos y la plataforma digital e-Albania, un sistema utilizado para realizar trámites administrativos en línea.
Posteriormente, Rama decidió ampliar sus funciones y utilizarla como herramienta dentro de la contratación pública, un área considerada especialmente sensible debido a los riesgos de corrupción y favoritismo.
Una inteligencia artificial con funciones ministeriales
Diella fue desarrollada y gestionada por la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Albania (AKSHI), organismo encargado de la transformación digital del país.
Para su funcionamiento se utilizaron tecnologías de empresas internacionales como Microsoft y OpenAI, según la información proporcionada por las autoridades albanesas.
El avatar digital fue presentado públicamente con una imagen vestida con el traje tradicional del país. Durante la sesión parlamentaria en la que se aprobó su incorporación al Gobierno, Diella apareció en un vídeo y aseguró que no tenía intereses personales ni ambiciones propias.
“No tengo ambiciones ni intereses personales”, afirmó el avatar durante su presentación.
El Gobierno albanés explicó que la inteligencia artificial tendría un papel de apoyo en la supervisión de los procesos de contratación pública, con la intención de aumentar la objetividad en la evaluación de procedimientos y reducir la posibilidad de manipulación humana.
Sin embargo, una de las principales cuestiones planteadas desde el inicio fue la ausencia de una persona concreta designada como responsable legal de las decisiones adoptadas mediante el sistema.
La legislación administrativa tradicional establece que las decisiones públicas deben estar vinculadas a responsables identificables, especialmente cuando afectan al reparto de recursos económicos del Estado.
En el caso de Diella, las autoridades no definieron públicamente quién asumiría la responsabilidad última en caso de errores, decisiones incorrectas o posibles perjuicios derivados del uso de la inteligencia artificial.
Este aspecto ha alimentado el debate sobre si una herramienta tecnológica puede ocupar un papel similar al de un cargo político tradicional.
El proyecto afronta críticas por transparencia
La iniciativa de Albania se presentó como un experimento para modernizar la administración pública y utilizar la inteligencia artificial contra la corrupción.
Edi Rama defendió que la tecnología permitiría reducir la influencia de intereses particulares y aumentar la transparencia en un área clave para el funcionamiento del Estado.
La contratación pública representa uno de los principales ámbitos de riesgo en muchos países debido al volumen económico que moviliza y a la dificultad de controlar todos los procesos.
El Ejecutivo albanés argumentó que un sistema basado en inteligencia artificial podría analizar grandes cantidades de información, detectar patrones sospechosos y ofrecer una evaluación más independiente.
No obstante, expertos y sectores críticos han señalado que la inteligencia artificial también depende de los datos utilizados para entrenarla, de los criterios establecidos por sus desarrolladores y de los mecanismos de supervisión aplicados.
Un algoritmo no elimina automáticamente los problemas de corrupción si las reglas de funcionamiento, la información disponible o los controles externos presentan deficiencias.
Además, la gestión del proyecto por parte de AKSHI ha generado controversia después de que el organismo quedara relacionado con una investigación sobre una presunta trama de amaño de licitaciones.
La situación ha provocado críticas debido a la coincidencia entre el objetivo de Diella —mejorar la transparencia en la contratación pública— y las dudas surgidas alrededor de la institución responsable de su desarrollo.
Las autoridades albanesas han defendido la separación entre la investigación y el funcionamiento de la inteligencia artificial, pero el caso ha incrementado las preguntas sobre la supervisión del proyecto.
Albania abre un debate internacional sobre IA y gobierno
El caso de Diella ha convertido a Albania en un ejemplo observado por otros países interesados en aplicar inteligencia artificial dentro de sus administraciones.
La iniciativa plantea una cuestión más amplia sobre el papel que estas tecnologías pueden desempeñar en la toma de decisiones públicas.
Los defensores del uso de inteligencia artificial en los gobiernos sostienen que puede mejorar la eficiencia, reducir costes administrativos y ayudar a combatir prácticas irregulares.
Sus críticos advierten de que la automatización de procesos públicos requiere controles estrictos para garantizar la responsabilidad, la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos.
El debate sobre Diella refleja una discusión global que está creciendo a medida que los gobiernos incorporan sistemas de inteligencia artificial en ámbitos tradicionalmente reservados a funcionarios y responsables políticos.
La experiencia albanesa será seguida con atención porque combina dos elementos que generan especial interés: el uso de inteligencia artificial como herramienta anticorrupción y su incorporación simbólica dentro de la estructura gubernamental.
Un año después de su creación, Diella continúa siendo un proyecto experimental que plantea más preguntas que respuestas definitivas.
Su evolución dependerá de la capacidad del Gobierno albanés para establecer mecanismos claros de supervisión, definir responsabilidades legales y demostrar que la inteligencia artificial puede mejorar la gestión pública sin sustituir los principios básicos de control democrático.
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