La Comisión Europea estudia cómo utilizar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania

La Comisión Europea estudia cómo usar 210.000 millones en activos rusos congelados para apoyar a Ucrania, que afronta un déficit de 27.000 millones.

La Comisión Europea analiza nuevas fórmulas para movilizar unos 210.000 millones de euros en activos del Banco Central de Rusia congelados en la Unión Europea con el fin de apoyar a Ucrania. Según informaciones del Financial Times, Kiev afronta un déficit de financiación de aproximadamente 27.000 millones de dólares. La mayor parte de esos activos se encuentra en Bélgica, depositada a través de Euroclear. Bruselas ha rechazado propuestas anteriores de confiscación directa y exige garantías jurídicas frente a posibles demandas o represalias de Moscú. Por ahora, la UE busca un mecanismo que permita utilizar los recursos sin proceder a su expropiación formal, mientras continúan las negociaciones entre los Estados miembros.

El debate sitúa de nuevo en el centro la tensión entre el apoyo financiero a Ucrania y los límites del derecho internacional y de la propiedad soberana.

El volumen de los activos y su ubicación

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Unión Europea y sus socios han inmovilizado reservas del Banco Central de Rusia por un valor aproximado de 210.000 millones de euros. La mayor parte de esos fondos está custodiada en Bélgica a través de Euroclear, una de las principales entidades de liquidación de valores de Europa.

Estos activos permanecen congelados: no pueden ser utilizados por las autoridades rusas ni repatriados. Sin embargo, su estatus jurídico sigue siendo el de propiedad soberana de un Estado, lo que complica cualquier intento de disponer de ellos de forma definitiva. La distinción entre congelación y confiscación es el núcleo del problema legal y político que enfrenta Bruselas.

Ucrania, por su parte, necesita financiación externa de forma sostenida para cubrir el déficit presupuestario generado por la guerra, el mantenimiento de los servicios públicos y la reconstrucción de infraestructuras. La cifra de 27.000 millones de dólares de déficit de financiación citada por el Financial Times ilustra la magnitud de la brecha que Kiev debe cerrar en el corto y medio plazo.

El rechazo a la confiscación directa y la búsqueda de alternativas

La Comisión Europea y varios Estados miembros han descartado, al menos por ahora, la confiscación pura y simple de los activos. El temor a sentar un precedente que debilite la confianza internacional en el euro y en los sistemas de custodia europeos, así como el riesgo de demandas judiciales y de represalias rusas contra intereses europeos, ha frenado las propuestas más drásticas.

En su lugar, Bruselas explora fórmulas intermedias. Entre las opciones que se han discutido en distintos momentos figuran la utilización de los intereses generados por los activos congelados, la creación de vehículos financieros respaldados por esos fondos o mecanismos de préstamo garantizados que no impliquen la transferencia de la propiedad. Todas estas alternativas buscan movilizar recursos para Ucrania sin cruzar el umbral de la expropiación formal.

La exigencia de garantías jurídicas es central. Cualquier esquema debe resistir el escrutinio de los tribunales europeos e internacionales y ofrecer protección a los depositarios y a los Estados miembros frente a posibles reclamaciones de Rusia. Euroclear, como entidad que custodia la mayor parte de los activos, ocupa una posición especialmente sensible en este diseño.

Las negociaciones entre los Estados miembros

La decisión final no corresponde solo a la Comisión. Los Estados miembros mantienen posiciones divergentes. Algunos países, más expuestos a posibles represalias o más celosos de la inviolabilidad de los activos soberanos, exigen cautela máxima. Otros, más cercanos a Ucrania o más convencidos de la necesidad de aumentar la presión económica sobre Moscú, presionan a favor de una utilización más ambiciosa de los fondos.

El consenso es difícil porque toca principios fundamentales del orden financiero internacional: la seguridad jurídica de las reservas de los bancos centrales, la credibilidad de los centros financieros europeos y el equilibrio entre justicia y previsibilidad del derecho. Una decisión mal diseñada podría generar efectos de segundo orden sobre la tenencia de reservas en euros por parte de terceros países.

Mientras tanto, Ucrania sigue dependiendo de paquetes de ayuda bilaterales y multilaterales que, aunque sustanciales, no siempre cubren la totalidad de sus necesidades de financiación ni ofrecen la previsibilidad que requiere la planificación presupuestaria en tiempo de guerra.

Implicaciones políticas y financieras

El uso de los activos rusos congelados se ha convertido en un símbolo de la voluntad europea de hacer pagar a Rusia parte del coste de la guerra y de la reconstrucción. Al mismo tiempo, representa un test de madurez jurídica y de cohesión interna de la Unión. Avanzar demasiado rápido sin blindaje legal podría fragmentar el apoyo de los Estados miembros; avanzar demasiado despacio deja a Ucrania con un déficit de financiación que otros socios, incluidos Estados Unidos, no necesariamente compensarán de forma indefinida.

El papel de Bélgica es particularmente delicado. Como país anfitrión de la mayor parte de los activos a través de Euroclear, Bruselas debe equilibrar su compromiso con Ucrania, su responsabilidad como depositario y su exposición a posibles litigios. Cualquier mecanismo que se adopte requerirá, casi con seguridad, el respaldo explícito del Gobierno belga y de las instituciones comunitarias.

La Comisión continúa trabajando en propuestas que puedan ser aceptadas por el Consejo. El objetivo declarado es encontrar una vía que permita transferir recursos a Ucrania de forma jurídicamente defendible, sin abrir la puerta a una erosión generalizada de la protección de los activos soberanos. El resultado de esas negociaciones condicionará no solo el apoyo financiero a Kiev, sino también la percepción internacional sobre la solidez del marco legal europeo en materia de sanciones y de propiedad.

La cifra de 210.000 millones de euros sigue sobre la mesa. La de 27.000 millones de dólares de déficit ucraniano también. Entre ambas se sitúa el problema que Bruselas aún no ha resuelto: cómo convertir unos activos congelados en apoyo efectivo sin cruzar líneas rojas jurídicas que la propia Unión considera esenciales para su credibilidad financiera. Las próximas semanas y meses determinarán si existe una fórmula capaz de conciliar ambos imperativos.