Los hijos de nacionalizados por la Ley de Nietos podrán votar al no ser incluidos en las cautelares del Supremo.
Un vacío en las peticiones cautelares formuladas ante el Tribunal Supremo permitirá votar en los próximos comicios a los hijos mayores de edad de nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática. Aunque el derecho de sufragio de sus progenitores permanece suspendido cautelarmente por el alto tribunal, la omisión de este colectivo específico en los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa mantiene intactos sus derechos electorales.
Origen jurídico del vacío procesal en la impugnación electoral
El desencuentro jurídico respecto al Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA) responde al marco fijado por la Ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes Generales.
La disposición adicional octava de la mencionada norma habilita el derecho de opción a la nacionalidad española a descendientes de ciudadanos de origen español.
En virtud de dicho precepto normativo, los hijos mayores de edad de las personas que obtuvieron la nacionalidad por esta vía pueden tramitar de forma derivada su propio expediente de naturalización.
La controversia se ha intensificado tras la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de las altas concedidas a los progenitores.
Sin embargo, el pronunciamiento del alto tribunal no abarca a las inscripciones censales de los descendientes directos al no haber sido objeto de impugnación expresa en las demandas formuladas.
El alcance de los recursos interpuestos por la acusación popular
La tramitación de las medidas cautelares ante la Sala Tercera del Supremo deriva de los recursos presentados de forma separada por la plataforma Iustitia Europa y el partido político Vox.
Ambas representaciones letradas solicitaron la paralización preventiva de las altas censales derivadas del apartado procesal de la ley enfocado en los beneficiarios directos.
Los escritos presentados omitieron solicitar la extensión de la medida de suspensión a las solicitudes tramitadas por la vía derivada de los hijos de dichos beneficiarios.
Al imperar el principio de rogación en el orden contencioso-administrativo, el juzgador carece de capacidad para aplicar la suspensión a colectivos no incluidos expresamente en el suplico de las demandas.
Como consecuencia de este diseño procesal, las personas que hayan obtenido la nacionalidad bajo el supuesto de filial directa mantendrán su derecho al voto en las urnas.
Implicaciones en el censo del exterior y vigencia de los expedientes
La situación generada abre un escenario de disparidad administrativa entre los progenitores con el derecho a voto suspendido provisionalmente y sus hijos mayores de edad.
Los consulados y las delegaciones de la Oficina del Censo Electoral deberán tramitar las papeletas de este segmento de la población del CERA que conserva la plena capacidad electora.
La validez definitiva de los expedientes de nacionalidad otorgados permanece vinculada al dictamen que dicte el Tribunal Supremo cuando resuelva el fondo de los recursos.
Por su parte, la Junta Electoral Central mantiene la supervisión del procedimiento para garantizar la correcta aplicación de los autos judiciales vigentes en las mesas del exterior.
La polémica sobre el impacto del voto exterior en el resultado general continúa marcando el debate político e institucional previo a la convocatoria con las urnas.





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