El Gobierno apunta a REE y las eléctricas como responsables del apagón de Abril: Falla en la planificación y desconexiones clave desencadenaron el caos

El Gobierno de España ha hecho público este miércoles 18 de junio de 2025, a las 23:25 CEST, un informe oficial que señala a Red Eléctrica d...

El Gobierno de España ha hecho público este miércoles 18 de junio de 2025, a las 23:25 CEST, un informe oficial que señala a Red Eléctrica de España (REE) ya las principales compañías eléctricas como responsables del apagón masivo que dejó sin electricidad a toda la península ibérica el pasado 28 de abril de 2025. El documento, encargado tras el incidente que afectó a más de 50 millones de personas en España y Portugal durante unas diez horas, identifica una combinación de mala planificación, fallos en la gestión de la potencia reactiva y desconexiones "indebidas" como los factores clave que llevaron al colapso del sistema, conocido como "el cero energético".

El informe, presentado por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, critica a REE por no haber diseñado una mezcla energética adecuada para ese día, subestimando las necesidades de capacidad dinámica de voltaje. Según el análisis, la operadora mantuvo un número insuficiente de plantas de generación convencional, como las de gas natural, activadas durante las horas centrales del día, a pesar de conocer la indisponibilidad de una central desde el día anterior. Esta decisión dejó el sistema vulnerable a fluctuaciones, especialmente en un momento en que la red dependía en gran medida de fuentes renovables, que representan más del 50% de la generación eléctrica en España. El informe destaca que, en los 30 minutos previos al corte a las 12:33 CEST, se detectan oscilaciones de frecuencia que no fueron contrarrestadas adecuadamente, un fallo que pudo evitarse con una mayor presencia de generación síncrona.

Además, el Gobierno responsabiliza a las eléctricas, como Iberdrola y Endesa, de no absorber la potencia reactiva necesaria para estabilizar la red. La potencia reactiva, esencial para mantener los niveles de voltaje, no fue gestionada como se esperaba, a pesar de que muchas de estas empresas reciben remuneración económica para garantizarla. El informe sugiere que algunas desconexiones automáticas de plantas convencionales, calificadas como "indebidas", agravaron el problema, provocando una reacción en cadena que colapsó el sistema en apenas cinco segundos, desconectando alrededor del 60% de la capacidad de generación (15.000 megavatios). Este fallo se vio agravado por la desconexión de la interconexión con Francia, que limitó el apoyo externo, y por la alta dependencia de energía solar, que sufrió una caída repentina en su producción debido a cambios atmosféricos.

El apagón, que dejó sin servicio a trenes, metro, hospitales y comunicaciones, provocó al menos siete muertes en España y una en Portugal, relacionadas con incendios por velas y envenenamiento por monóxido de carbono de generadores. La recuperación, apoyada por importaciones de Francia (hasta 2.000 megavatios) y Marruecos (900 megavatios), tomó horas, con el 99% de la demanda restablecida a las 6:00 de la mañana del 29 de abril. Sin embargo, el impacto económico se estima en más de 1.600 millones de euros, según la patronal CEOE, y generó un intenso debate político.

La oposición, liderada por el PP, ha aprovechado el informe para atacar al Gobierno, acusándolo de negligencia en la transición energética y de ocultar las verdaderas causas durante semanas. Alberto Núñez Feijóo ha calificado la gestión de "temeraria", sugiriendo que la prisa por aumentar las renovables sin modernizar la red fue un error. El PSOE, por su parte, defiende que el problema no radica en las renovables, sino en la falta de coordinación entre REE y las eléctricas, y ha prometido una auditoría independiente para evitar futuros incidentes. Beatriz Corredor, presidenta de REE y exministra socialista, ha rechazado las acusaciones, insistiendo en que la operadora actuó dentro de los márgenes regulatorios, aunque admite que el sistema mostraba vulnerabilidades no previstas.

La controversia se extiende a la sociedad, con encuestas del CIS indicando que el 59,6% de los españoles considera insuficiente la información gubernamental. Mientras tanto, expertos sugieren que la falta de inversión en almacenamiento de energía y la desconexión de centrales nucleares planificada para 2027 podrían agravar los riesgos. El Gobierno ha anunciado que tomará "medidas inmediatas" para reforzar la red, aunque no ha detallado plazos ni recursos, dejando abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento político en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones energéticas.