Ex subdelegado del Gobierno Socialista en Valencia cobró entre 300.000 y 750.000 euros en comisiones, según la UCO

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el foco a Rafael Rubio, exsubdelegado del Gobierno so...

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el foco a Rafael Rubio, exsubdelegado del Gobierno socialista en Valencia, al acusarlo de haber recibido una comisión ilegal que oscilaría entre 300.000 y 750.000 euros. Esta revelación, publicada por varios medios como El Mundo, supone un nuevo golpe para el PSOE en un contexto ya marcado por el escándalo del caso Koldo, y ha intensificado las críticas hacia la gestión del partido en la Comunidad Valenciana. Rubio, un histórico del socialismo valenciano nombrado por Pedro Sánchez en 2020 y cesado menos de un año después, está señalado como beneficiario de estas presuntas mordidas en el marco de una operación urbanística investigada bajo el caso Azud.

Según el informe de la UCO, el acuerdo sobre el importe, los destinatarios y la forma de pago de las comisiones habría sido establecido en una reunión en septiembre de 2007, cuando Rubio era concejal y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, bajo el mandato de Rita Barberá. En esa reunión, celebrada con empresarios como Jaime Febrer, Miguel Montoro y Federico Ferrando, vinculados a la sociedad Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI), se habría pactado una primera entrega de 100.000 euros, con un total estimado que podría alcanzar los 750.000 euros. Los pagos, realizados en efectivo, habrían sido ocultados mediante movimientos bancarios sospechosos, incluyendo ingresos por debajo de los 3.000 euros para evitar alertas de blanqueo, según detallan los investigadores.

La UCO sospecha que Rubio fue "comprado" para facilitar el silencio sobre esta operación urbanística, que involucró la adjudicación de contratos relacionados con proyectos como la operación "Colegios", donde el Ayuntamiento de Valencia perdió al menos 14 millones de euros. El informe destaca que Rubio, junto con el abogado José Luis Vera, habría recibido estas comisiones a cambio de allanar el camino a los empresarios implicados. Vera, vinculado durante años a los socialistas valencianos, habría actuado como intermediario y recibido 150.000 euros, mientras que Rubio es el principal destinatario señalado. Además, se han identificado 197.256 euros ingresados en efectivo entre 2007 y 2010, coincidiendo con visitas a una caja de seguridad compartida con su esposa, quien justificó los fondos como parte de una herencia de 330.000 euros, una explicación que la UCO considera poco creíble.

La noticia ha desatado reacciones inmediatas. El PP y Vox han exigido explicaciones al PSOE, mientras que en redes sociales se percibe una mezcla de indignación y escepticismo, con usuarios cuestionando la profundidad de la corrupción en el partido. El PSPV-PSOE ha guardado silencio oficial, aunque fuentes internas han sugerido que Rubio podría haber actuado por su cuenta, desvinculándolo de la dirección actual. Sin embargo, la oposición apunta a una red más amplia, vinculando este caso con las acusaciones contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Rubio, quien tras su cese regresó como funcionario al Ayuntamiento de Valencia, podría enfrentarse a una imputación formal si el juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia valida los indicios, un proceso que podría extenderse a otros cargos socialistas implicados en la trama.