Gobierno veta fusión de BBVA y Banco Sabadell por tres años

El Consejo de Ministros ha aprobado una decisión histórica al vetar la fusión entre BBVA y Banco Sabadell durante un periodo de tres años, c...

El Consejo de Ministros ha aprobado una decisión histórica al vetar la fusión entre BBVA y Banco Sabadell durante un periodo de tres años, con la posibilidad de extenderlo a cinco si las circunstancias lo justifican. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció la medida tras una reunión extraordinaria, destacando que la operación, aunque autorizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con ciertos compromisos, plantea riesgos significativos para el interés general, incluyendo la concentración bancaria y el impacto en la competencia. La decisión, basada en cinco criterios clave —protección de consumidores, cohesión territorial, empleo, inclusión financiera y estabilidad del sistema—, obliga a ambas entidades a mantener su personalidad jurídica y autonomía en la gestión durante el plazo establecido, marcando un precedente en la supervisión gubernamental de operaciones financieras en España.

La operación, propuesta por BBVA como una oferta pública de adquisición (OPA) hostil desde abril de 2024, buscaba absorber a Banco Sabadell mediante un canje de acciones, valorando a la entidad catalana en 12.000 millones de euros. Aunque la CNMC dio luz verde el pasado abril tras imponer compromisos como el mantenimiento de oficinas y condiciones comerciales para pymes durante tres años, el Gobierno elevó el caso al Consejo de Ministros al considerar que la fusión concentraría demasiado poder en el sector, dejando a BBVA, CaixaBank y Santander controlando cerca del 80% del mercado español. Cuerpo subrayó que esta concentración podría reducir la competencia, encarecer el crédito para pequeñas empresas y llevar a cierres de sucursales, afectando especialmente a regiones como Cataluña, Baleares y Valencia, donde Sabadell tiene una fuerte presencia.

La decisión ha generado reacciones mixtas. Desde BBVA, el presidente Carlos Torres expresó su sorpresa y anunció que el banco evaluará la viabilidad de continuar con la OPA, sugiriendo posibles recursos legales ante el Tribunal Supremo si considera la medida injustificada. Sabadell, por su parte, acogió la decisión con alivio, viendo reforzada su estrategia de operar de forma independiente, especialmente tras el rechazo inicial a la fusión en mayo de 2024. La entidad catalana planea anunciar un plan estratégico para 2025-2027 que aumentará la remuneración a sus accionistas, reforzando su posición frente a futuras ofertas. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que la venta de su filial británica TSB, con plazos cerrándose este viernes, podría alterar los cálculos de ambas partes.

El veto también responde a presiones sociales y políticas. Organizaciones como UGT, Pimec y Foment del Treball, junto con sindicatos como Sicam, habían advertido de los riesgos para el empleo —potencialmente 4.000 despidos— y la exclusión financiera, especialmente en zonas rurales. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, tomó la medida como un freno a un "oligopolio bancario" que podría dañar a los consumidores, mientras que el PP y sectores empresariales la critican como una injerencia en el mercado. En paralelo, la consulta pública lanzada por el Ministerio de Economía en mayo reflejó un amplio rechazo ciudadano, con preocupaciones sobre el aumento de comisiones y la pérdida de servicios.

El impacto económico es inmediato. Las acciones de BBVA cayeron un 3,5% tras el anuncio, mientras que las de Sabadell subieron un 2%, reflejando las expectativas del mercado. Los analistas advierten que el veto podría disuadir futuras fusiones en el sector, alineándose con las recomendaciones del Banco Central Europeo de bancos más grandes pero transnacionales, no nacionales. Además, la medida coincide con un contexto de tensiones internacionales —como el cierre del Estrecho de Ormuz por Irán— que podría complicar la liquidez de las entidades, obligándolas a buscar nuevas estrategias de crecimiento sin depender de fusiones a corto plazo. El Gobierno, sin embargo, deja abierta la puerta a revisar el plazo si las condiciones del mercado cambian, manteniendo la presión sobre ambas entidades para que prioricen la estabilidad sobre la consolidación.