Koldo y Ábalos plantearon cobrar 500.000 Euros mensuales en un negocio con petrolera venezolana

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un nuevo capítulo en el caso Koldo, revelando grabaciones que implican a ...

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un nuevo capítulo en el caso Koldo, revelando grabaciones que implican a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en un intento de obtener millonarias comisiones a través de un negocio con una petrolera venezolana vinculada a la oposición de Juan Guaidó. Según un audio del 9 de abril de 2019, grabado en el despacho de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo propuso a su jefe intermediar en un contrato con la empresa Syeco, con sede en Estados Unidos y supuestamente controlada por aliados de Guaidó, para el suministro mensual de un petrolero con crudo venezolano. El acuerdo prometía una comisión de 500.000 euros al mes durante tres años, lo que equivaldría a 18 millones de euros en total, de los cuales la mitad sería para Ábalos, según las palabras de Koldo: «En cuanto firme con la petrolera, la mitad es tuyo al mes».

El plan, según los audios obtenidos por la UCO, requería que Ábalos facilitara una llamada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Juan Guaidó, entonces líder de la oposición venezolana, para discutir la situación de 200.000 españoles en Venezuela y, de paso, consolidar el reconocimiento de Guaidó por parte del Gobierno español. Koldo argumentó que esta gestión diplomática abriría la puerta al contrato con Syeco, que generaría un beneficio del 35% por barril, calculado en unos 9.000 dólares por operación, según los detalles proporcionados en la conversación. Ábalos, sorprendido por la magnitud del negocio, expresó escepticismo, diciendo: «Tío, te haces unas pajas mentales», pero insistió en que se formalizara un contrato para asegurar la operación.

La trama involucró a Víctor de Aldama, señalado como el intermediario que conectó a Koldo con la petrolera. Aldama, figura clave en el caso Koldo, habría asegurado que el negocio estaba «trabajado y listo» y que las comisiones estaban garantizadas. La UCO destaca que estas negociaciones se llevaron a cabo en un contexto en el que el Gobierno de Sánchez buscaba un acercamiento con la oposición venezolana en 2019, tras reconocer a Guaidó como presidente interino. Sin embargo, el acuerdo con Syeco no se concretó, posiblemente debido a las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos al comercio de petróleo venezolano, que complicaban las operaciones con empresas vinculadas al país.

Este escándalo se suma a las investigaciones sobre la presunta red de corrupción en torno a Koldo, Ábalos y otros cargos del PSOE, que ya incluye el amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia y pagos de comisiones a través de facturas falsas. La UCO también vincula a Aldama con otros negocios opacos, como la compra de un chalé de lujo en La Alcaidesa (Cádiz) para Ábalos, financiada parcialmente por Suelopetrol, una empresa asociada a la estatal venezolana PDVSA, que también aparece en el caso. En este contexto, Henrique José Rodríguez Guillén, presidente de Suelopetrol, habría gestionado la señal de 6.000 euros para la compra del inmueble en febrero de 2021, aunque la operación se frustró tras tensiones diplomáticas entre España y el régimen de Nicolás Maduro.

Las grabaciones, que forman parte de un informe de 490 páginas remitido al Tribunal Supremo, han intensificado las sospechas de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La UCO subraya la «naturalidad» con la que Koldo y Ábalos discutían estas operaciones, lo que sugiere una práctica habitual en su entorno. Aunque no hay pruebas definitivas de que el contrato con la petrolera se firmara, los audios evidencian un intento claro de lucrarse mediante la influencia política. Ábalos, que ordenó que «se haga un contrato» para garantizar los pagos, enfrenta ahora una investigación en el Supremo, mientras el PSOE intenta desvincularse, alegando que se trata de acciones individuales. La oposición, liderada por el PP y Vox, ha calificado el caso como una muestra de corrupción sistémica, exigiendo responsabilidades al Gobierno de Sánchez.