Milei transforma la Policía Federal Argentina en un "FBI Argentino" inspirado en EE.UU. e Israel

El 17 de julio de 2025, el presidente argentino Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron una ambiciosa reestr...

El 17 de julio de 2025, el presidente argentino Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron una ambiciosa reestructuración de la Policía Federal Argentina (PFA), que pasa a denominarse Oficina Federal de Investigaciones (DFI), en un esfuerzo por modernizar la fuerza y alinearla con estándares internacionales, específicamente los del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y las fuerzas de seguridad de Israel. Este cambio, formalizado mediante el Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial, busca reorientar la misión de la PFA hacia la investigación de delitos complejos, como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, dejando de lado las tareas de patrullaje urbano que ahora recaen en otras fuerzas locales.

Durante el acto de presentación en la sede del Cuerpo de Policía Montada en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Milei destacó que la reforma se inspira en "los mejores del mundo", haciendo referencia explícita a Estados Unidos e Israel. "Vamos a aprender de ellos para poner a la PFA en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal", afirmó el presidente, subrayando la necesidad de equipar al Estado con tecnología y capacidades superiores a las de los delincuentes. Bullrich, por su parte, describió al DFI como el "corazón" de esta nueva policía, con el objetivo de "llegar al hueso de las organizaciones criminales" y garantizar que ningún narcotraficante pueda operar impunemente en el país.

La reestructuración introduce cambios estructurales y operativos significativos. La PFA se divide en dos grandes áreas: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), encargado de la inteligencia criminal y la investigación de delitos federales, y el Departamento Federal de Coordinación (DFC), que se ocupará de la logística y la cooperación interinstitucional. Entre las novedades más controvertidas está la autorización para que la policía realice detenciones y requisas sin orden judicial en casos de "circunstancias debidamente fundadas" y lleve a cabo tareas de ciberpatrullaje en redes sociales y sitios web públicos sin necesidad de autorización judicial, lo que ha generado críticas por parte de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.

Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) han cuestionado la legalidad del decreto, argumentando que amplía excesivamente las facultades policiales y podría vulnerar derechos individuales al permitir espionaje y detenciones arbitrarias. La exdiputada Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), acusó al gobierno de instaurar un "régimen ultrarepresivo" que otorga impunidad a las fuerzas federales. En respuesta, el gobierno defendió la legalidad de las medidas, afirmando que cualquier cuestionamiento puede dirimirse en la justicia.

El nuevo DFI contará con personal altamente capacitado, incluyendo profesionales universitarios en disciplinas como abogacía, psicología social y ciencias de la computación, y se invertirá en tecnología forense, informática y de comunicaciones de última generación. Milei destacó la importancia de estas inversiones, señalando que "el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas". Además, el presidente rindió homenaje al legado del FBI bajo la dirección de J. Edgar Hoover y al aporte argentino de Juan Vucetich, creador de la identificación por huellas dactilares, como ejemplos de excelencia en la investigación criminal.

El anuncio se produce en un contexto político sensible, tras la confirmación de la condena a seis años de prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, lo que ha generado tensiones y movilizaciones. La presencia en el acto de figuras como el representante del FBI en Argentina, Rick Hernández, y autoridades judiciales de alto rango, subraya el respaldo internacional y el alineamiento del gobierno de Milei con Estados Unidos e Israel, una política exterior que el presidente ha defendido fervientemente, como se evidenció en su reciente gira por Israel y su anuncio de trasladar la embajada argentina a Jerusalén Occidental en 2026.

Analistas señalan que esta reforma no solo busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado, sino también proyectar una imagen de mano dura en seguridad, una de las principales preocupaciones de los argentinos, en un país donde la criminalidad, aunque menor comparada con otros de la región, ha crecido en las últimas décadas. Sin embargo, la estética y el enfoque inspirados en el FBI, junto con las nuevas atribuciones policiales, han avivado el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles en la Argentina de Milei.