Supremo ratifica la mayor macroplanta solar de Europa en Usagre a pesar de expropiación ilegal de terrenos

El Tribunal Supremo ha confirmado la continuidad de la central fotovoltaica Núñez de Balboa, ubicada en Usagre (Badajoz), considerada la may...

El Tribunal Supremo ha confirmado la continuidad de la central fotovoltaica Núñez de Balboa, ubicada en Usagre (Badajoz), considerada la mayor macroplanta solar de Europa, a pesar de las denuncias por una expropiación ilegal de los terrenos donde se asienta. La decisión pone fin a un litigio de varios años entre Iberdrola, la empresa responsable del proyecto, y un grupo de propietarios locales que alegaban que la ocupación de sus tierras, que abarcan unas 1.000 hectáreas, se realizó sin el debido proceso legal ni una compensación adecuada. La sentencia, que respalda la legalidad del proyecto, ha desatado un intenso debate sobre los límites de las expropiaciones para proyectos de energía renovable y la protección de los derechos de los ciudadanos.

La planta, con una capacidad de 500 megavatios (MW) y operativa desde 2020, fue desarrollada por Iberdrola como un pilar de su estrategia para impulsar las energías limpias en España, capaz de suministrar electricidad a más de 250.000 hogares y reducir anualmente unas 215.000 toneladas de emisiones de CO2. Sin embargo, el conflicto comenzó cuando varios propietarios presentaron una demanda en 2019, argumentando que las expropiaciones forzosas, impulsadas por el Gobierno de Extremadura y avaladas por el Ministerio para la Transición Ecológica, violaron la Ley de Expropiación Forzosa al no ofrecer una tasación justa ni permitir una defensa adecuada. Los afectados reclamaban no solo la devolución de los terrenos, sino también indemnizaciones que podrían superar los 15 millones de euros, según estimaciones judiciales.

El Supremo, tras revisar el caso, ha considerado que el interés general asociado al desarrollo de energías renovables y los compromisos de España con la descarbonización —como el objetivo del 42% de energía renovable para 2030— prevalecen sobre las irregularidades procesales detectadas en la expropiación. La sentencia reconoce fallos en la notificación a algunos propietarios y en la valoración económica inicial, pero concluye que estos no invalidan el proyecto en su conjunto, siempre que se corrijan las compensaciones pendientes mediante un nuevo procedimiento administrativo. Iberdrola ha celebrado la resolución, destacando que la planta genera empleo local y fomenta la coexistencia con actividades como la ganadería, al permitir el pastoreo de ovejas entre los paneles solares.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Organizaciones ecologistas como Greenpeace han aplaudido el mantenimiento de la planta como un avance en la transición energética, mientras que plataformas ciudadanas y asociaciones de agricultores, como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), han denunciado un precedente peligroso que podría justificar futuras expropiaciones injustas. En redes sociales, el tema ha avivado un debate polarizado, con algunos usuarios defendiendo la necesidad de sacrificar intereses privados por el bien común y otros acusando al gobierno de priorizar a las grandes corporaciones sobre los ciudadanos. El caso podría tener implicaciones legales y políticas más amplias, especialmente si los afectados apelan a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que mantendría el conflicto en el candelero en los próximos meses.