Bruselas expedienta a España por restricciones injustificadas en la opa de BBVA sobre Sabadell

La Unión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la intervención del Gobierno en la Oferta Pública de Adquisició...

La Unión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la intervención del Gobierno en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, calificándola como una serie de "restricciones injustificadas" que vulneran el marco legal comunitario. El anuncio, hecho público esta mañana por la Comisión Europea, pone en el foco la decisión del Consejo de Ministros de bloquear la fusión de ambas entidades durante al menos tres años, una medida adoptada el 27 de mayo tras elevar el expediente desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Bruselas considera que esta actuación infringe la Ley de Defensa de la Competencia y socava principios fundamentales de la Unión Europea, como la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, desencadenando un proceso que podría derivar en sanciones si España no ajusta su legislación.

El procedimiento de infracción se fundamenta en la percepción de que el Gobierno español excedió sus competencias al intervenir en una operación que ya había recibido luz verde de las autoridades competentes, incluyendo el Banco Central Europeo (BCE) y la CNMC, que impuso condiciones para preservar la competencia. Fuentes de la Comisión han enfatizado que no se identificaron motivos de interés general suficientemente graves como para justificar la elevación al Consejo de Ministros, un paso contemplado en los artículos 10.4 y 60 de la Ley de Competencia de 2007. Esta ley permite al Ejecutivo analizar concentraciones empresariales por razones de interés público, pero Bruselas argumenta que su aplicación en este caso carece de base sólida, especialmente tras la autorización inicial de la CNMC el 29 de abril. La prohibición de fusión, que podría extenderse a cinco años con una prórroga, ha sido vista como un obstáculo arbitrario al mercado único.

La controversia se remonta a mayo de 2024, cuando BBVA lanzó su OPA hostil sobre Sabadell, una operación valorada en unos 12,230 millones de euros que pretendía crear el segundo mayor banco de España. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, mostró desde el inicio su oposición, argumentando preocupaciones sobre el empleo, la cohesión territorial y el acceso al crédito para pymes. Sin embargo, la Comisión Europea sostiene que estas razones no justifican la intervención, dado que el BCE ya había avalado la solvencia de la entidad resultante y la CNMC había establecido salvaguardas competitivas. La decisión de elevar el caso al Consejo de Ministros, tomada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras una consulta pública, ha sido interpretada por Bruselas como una extralimitación que debilita las competencias exclusivas del BCE y los supervisores nacionales bajo el Mecanismo Único de Supervisión (MUS).

El expediente se formalizó con el envío de una carta de emplazamiento, dando a España un plazo de dos meses para responder y justificar su posición. Si la respuesta no satisface a la Comisión, se emitirá un dictamen motivado exigiendo cambios legislativos, y en caso de persistencia, el caso podría escalar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con posibles multas como consecuencia. Este no es el primer roce entre Bruselas y Madrid sobre este asunto; desde agosto de 2024, se han mantenido intercambios informales (EU Pilot) que no resolvieron las discrepancias. La normativa cuestionada incluye la Ley 10/2014 de ordenación bancaria y el Real Decreto 84/2015, que otorgan al ministro de Economía poderes de veto que la UE considera excesivos y contrarios a la Directiva de Requisitos de Capital.

La reacción en España ha sido mixta. Cuerpo defendió el 10 de julio que la actuación gubernamental se ajusta a la normativa nacional y europea, mientras BBVA estudia recurrir judicialmente las condiciones impuestas. En redes sociales, la noticia ha generado debate, con algunos usuarios apoyando la postura de Bruselas por defender el mercado único, mientras otros critican al Gobierno por priorizar intereses políticos sobre económicos. La oposición, con PP y Vox a la cabeza, ha acusado a Sánchez de dañar la competitividad financiera, mientras el PSOE insiste en que protegió el interés general. Con esta apertura de expediente, España enfrenta un verano de tensiones con la UE, en un contexto ya complicado por otros asuntos como el "catastrazo" rural y los disturbios en Torre Pacheco.