Chivite aprueba nueve millones extra para la empresa de Cerdán en la polémica megaobra del túnel de Belate

El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, ha confirmado un sobrecoste de nueve millones de euros para la megaobra del desdoblamie...

El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, ha confirmado un sobrecoste de nueve millones de euros para la megaobra del desdoblamiento del túnel de Belate, adjudicada a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que incluye a Servinabar, empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Esta decisión, anunciada tras meses de especulaciones, ha desatado una nueva polémica en torno a un proyecto de 76 millones de euros que ya estaba bajo escrutinio por presuntas irregularidades. Las compañías y el Ejecutivo navarro se culpan mutuamente de haber solicitado las modificaciones que justifican el aumento de gasto, mientras el secretario de la mesa de adjudicación ha vuelto a señalar que el proceso estuvo "repleto de irregularidades", intensificando las acusaciones de opacidad y posible trato de favor.

El sobrecoste, que eleva el presupuesto inicial en un 11.8%, responde a 14 modificaciones en el proyecto original, según un informe técnico de noviembre de 2024 del departamento de Cohesión Territorial, liderado por Óscar Chivite, tío de la presidenta. Entre las razones citadas figuran la instalación de depuradoras, nuevas excavaciones y el manejo de un curso de agua no previsto inicialmente, así como ajustes en el sostenimiento del túnel. La UTE, formada por Acciona (55%), Excavaciones Fermín Osés (35%) y Servinabar (10%), sostiene que estas alteraciones fueron exigidas por el Gobierno para cumplir con normativas de seguridad y ambientales, mientras el Ejecutivo replica que las empresas propusieron los cambios para compensar una oferta inicial con una baja del 20%. Esta disputa ha generado un tira y afloja público, con ambas partes evadiendo responsabilidad mientras el expediente de aprobación del sobrecoste se tramita de forma inminente.

El proyecto, la mayor obra pública de Navarra en décadas, ha sido objeto de investigaciones desde que la Guardia Civil y el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente iniciaran pesquisas sobre posibles irregularidades en su adjudicación en febrero de 2024. El secretario de la mesa de contratación, Lorenzo Serena, ha reiterado ante el Senado que el proceso estuvo "viciado", con rumores previos de que el contrato estaba "dado de antemano" a la UTE, y cinco de los ocho miembros admitieron haber escuchado tales comentarios en actas. Serena, con 29 años de experiencia, denunció que el presidente de la mesa, Jesús Polo —mantenido en el cargo tres años más allá de la edad de jubilación mediante reformas legales específicas— inclinó la votación conociendo las puntuaciones de los demás, un hecho que avala la hipótesis de manipulación. Además, la intervención del Ministerio de Transportes, con un informe irregular de Óscar Puente, habría facilitado la adjudicación pese a las dudas sobre la solvencia técnica de Servinabar, una empresa con menos de 10 empleados.

La vinculación de Servinabar con Cerdán, propietario del 45% de la firma según una escritura privada hallada por la UCO, ha avivado las sospechas de una trama de corrupción. La empresa, sin experiencia previa en obras de esta magnitud, habría actuado como "llave" para asegurar contratos a Acciona, según la investigación, que también explora posibles mordidas y financiación irregular del PSOE. El propio Gobierno de Chivite, tras la imputación de Cerdán y su ingreso en prisión, ordenó una auditoría interna a través de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, la Cámara de Comptos y una auditora externa, pero los resultados aún no se han hecho públicos. La oposición, con UPN y PP a la cabeza, exige la dimisión de Chivite, acusándola de encubrir el escándalo y ocultar el sobrecoste durante siete meses, desde que se conoció en noviembre de 2024.

En redes sociales, la indignación crece bajo hashtags como #CatastrazoBelate y #ChiviteDimision, con usuarios denunciando un "saqueo a los fondos públicos" y señalando la cercanía familiar y política entre Chivite y Cerdán. El clima de tensión se suma a la presión sobre el Gobierno navarro, que enfrenta un verano políticamente cargado tras los recientes disturbios en Torre Pacheco y el "catastrazo" rural. La obra, que debe concluir en diciembre de 2027, sigue ejecutándose con un 20% de avance, pero su coste adicional y las irregularidades pendientes de resolución amenazan con prolongar el escándalo, dejando a Chivite en una posición cada vez más vulnerable.