La Guardia Civil ha detenido en el barrio madrileño de Puente de Vallecas a una mujer ecuatoriana de 39 años, identificada como Erika, acusa...
La Guardia Civil ha detenido en el barrio madrileño de Puente de Vallecas a una mujer ecuatoriana de 39 años, identificada como Erika, acusada de asesinar y descuartizar a su hija recién nacida, de apenas cinco días, el pasado 12 de diciembre de 2024. Los restos de la menor fueron hallados en la planta de reciclaje de Loeches, Madrid, tras ser arrojados a un contenedor de basura cercano al domicilio de la sospechosa, ubicado a escasos 15 metros del lugar donde se encontraron las bolsas con los restos. La investigación, bautizada como ‘Operación Natal’, ha conmocionado a la sociedad por la extrema violencia del crimen.
Según las autoridades, la autopsia reveló que la bebé, de origen sudamericano, nació viva y murió de forma violenta, presentando heridas graves, incluyendo la decapitación, que no fueron causadas por el funcionamiento de la cinta del vertedero, sino previas al abandono del cuerpo. Las pruebas de ADN confirmaron que Erika es la madre biológica de la menor, a pesar de que la acusada niega haber estado embarazada en 2024, alegando que tomaba una medicación que le impedía concebir. Durante el registro de su domicilio, donde vivía con su esposo y sus tres hijos de 5, 9 y 18 años, se encontraron restos biológicos que refuerzan las evidencias en su contra.
La investigación comenzó tras el hallazgo de los restos por operarios del vertedero en la madrugada del 12 de diciembre de 2024. Los agentes rastrearon las bolsas de basura hasta el distrito de Puente de Vallecas, analizando grabaciones de cámaras, registros municipales y bases de datos sanitarias para identificar a la responsable. La Guardia Civil centró sus sospechas en Erika tras meses de pesquisas exhaustivas, que incluyeron análisis antropológicos y genéticos. Durante el registro domiciliario, la mujer no opuso resistencia ni hizo declaraciones, manteniendo una actitud de calma que ha sorprendido a los investigadores.
Un elemento adicional que ha generado alarma es que Erika ya fue investigada en 2004, cuando tenía 17 años, por la muerte de otro hijo recién nacido. Aunque aquella investigación se archivó sin encontrar culpables, los agentes consideran este antecedente de “interés” para trazar el perfil de la sospechosa, quien lleva más de 20 años residiendo en Madrid. La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones, aunque, según las pesquisas, el esposo de Erika no estaba en el domicilio al momento del crimen y parece no haber estado al tanto del embarazo.
Erika enfrenta cargos por homicidio doloso con el agravante de parentesco, lo que podría derivar en una condena de prisión permanente revisable. Su abogada, Claudia López Ballesteros, insiste en que su clienta niega los hechos y cualquier implicación en el crimen. La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles, mientras el caso ha generado una profunda consternación en la comunidad, que exige justicia por la pequeña y medidas para prevenir actos de esta naturaleza.
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