El Gobierno español, junto con sus socios parlamentarios, ha aprobado una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que permite l...
El Gobierno español, junto con sus socios parlamentarios, ha aprobado una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que permite la expulsión de periodistas acreditados, como Vito Quiles, y otros profesionales de los medios cuya presencia o actividad se considere molesta o inconveniente para los intereses de los grupos políticos impulsores de la medida. Esta modificación, que ha generado una fuerte controversia, otorga a la Mesa del Congreso mayores facultades para restringir el acceso de los periodistas al hemiciclo y otras dependencias parlamentarias, bajo criterios que críticos han calificado de subjetivos y potencialmente arbitrarios.
La reforma surge en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y ciertos sectores de la prensa, especialmente tras las críticas de algunos periodistas a las políticas gubernamentales y su cobertura en redes sociales. Vito Quiles, conocido por su estilo directo y sus publicaciones críticas en plataformas como X, se ha convertido en una figura central de esta polémica, siendo señalado como uno de los principales objetivos de la medida. Según fuentes parlamentarias, la nueva normativa busca establecer un marco más estricto para regular la conducta de los periodistas acreditados, argumentando la necesidad de garantizar el orden y el respeto en el funcionamiento de la institución.
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), han expresado su preocupación, alertando de que la reforma podría limitar el derecho a la información y coartar la labor de los medios independientes. Por su parte, los partidos de oposición han acusado al Gobierno de intentar controlar la narrativa mediática y silenciar voces críticas, calificando la medida como un ataque directo a la libertad de expresión.
El nuevo reglamento establece que la Mesa del Congreso podrá retirar la acreditación a periodistas por "conductas inapropiadas" o "alteración del orden", términos que, según los detractores, son demasiado vagos y podrían dar lugar a interpretaciones sesgadas. Además, se contempla la posibilidad de imponer sanciones temporales o permanentes, lo que podría dejar a ciertos periodistas sin acceso a una de las principales fuentes de información política del país.
La aprobación de esta reforma ha generado un intenso debate en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios y periodistas han denunciado lo que consideran un intento de censura. Por su parte, los partidos que apoyan la medida defienden que no se trata de coartar la libertad de prensa, sino de regular el acceso al Congreso para garantizar un entorno de trabajo adecuado para los parlamentarios.
Esta reforma se enmarca en un clima político polarizado, donde las tensiones entre el Gobierno y los medios de comunicación han ido en aumento. Casos como el de Vito Quiles, quien ha cuestionado abiertamente a figuras políticas en sus publicaciones, han servido de catalizador para esta medida. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios para determinar qué constituye una "conducta inapropiada" plantea interrogantes sobre el impacto real de la reforma en el ejercicio del periodismo en España.





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