El titular “El Gobierno pide perdón a los ciudadanos tras la entrada en prisión de Cerdán, pero seguirá con su hoja de ruta” encapsula una c...
El titular “El Gobierno pide perdón a los ciudadanos tras la entrada en prisión de Cerdán, pero seguirá con su hoja de ruta” encapsula una contradicción que roza lo cínico. Por un lado, el Ejecutivo, con Pedro Sánchez a la cabeza, entona un mea culpa público tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y figura clave en el entorno del presidente, acusado de liderar una trama corrupta. Por otro, se aferra a su plan político como si nada hubiera pasado, como si un simple “perdón” bastara para limpiar la man90 de un escándalo que sacude los cimientos de la confianza ciudadana. Esta postura, lejos de ser un ejercicio de humildad, parece una maniobra de contención para ganar tiempo mientras el huracán judicial sigue su curso.
El caso de Cerdán no es un incidente aislado. Hablamos del “número tres” del PSOE, un hombre de la máxima confianza de Sánchez, encargado de negociaciones cruciales como la investidura con Junts. Su entrada en la cárcel de Soto del Real por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal no es solo una “imagen desgarradora y decepcionante”, como la describió la portavoz Pilar Alegría. Es un golpe devastador a la credibilidad de un Gobierno que, desde hace años, se presenta como baluarte de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La disculpa de Sánchez, repetida hasta la saciedad, suena a déjà vu: recuerda sospechosamente a las palabras de Mariano Rajoy sobre Bárcenas, cuando el PP se enfrentó a su propio lodazal. Sánchez, que en su día criticó la tibieza de Rajoy, cae ahora en el mismo guion: pide perdón, pero no asume responsabilidades estructurales ni plantea cambios de calado.
La insistencia en mantener la “hoja de ruta” resulta particularmente inquietante. ¿Qué hoja de ruta? ¿La de un Ejecutivo que, según las fuentes, se tambalea ante la presión de sus socios de coalición y la oposición? Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, ha calificado la situación de “muy grave” y exige medidas contundentes, mientras que partidos como Junts y el PNV observan con recelo, sin cerrar la puerta a replantear su apoyo. El Gobierno parece confiar en que el “triángulo tóxico” –Cerdán, Ábalos y Koldo García– sea un compartimento estanco, pero la sombra de la duda se extiende: ¿hasta dónde llega la mancha de aceite, como temen en Moncloa? La falta de respuestas claras y la negativa a contemplar una crisis de Gobierno o elecciones anticipadas sugieren una estrategia de resistencia a cualquier precio, más que de regeneración.
No se trata solo de Cerdán. La acumulación de casos judiciales en el entorno de Sánchez –desde el aforamiento frustrado del líder del PSOE extremeño hasta las investigaciones sobre su hermano y su esposa– dibuja un panorama de desgaste que el Ejecutivo no puede ignorar. Hablar de “tolerancia cero” con la corrupción mientras se limita la respuesta a ceses individuales y auditorías cosméticas es insuficiente. La ciudadanía no necesita más disculpas; necesita hechos que demuestren que el sistema no está podrido. Cambios en la cúpula del PSOE o medidas legislativas anunciadas para el Congreso suenan a parches cuando lo que está en juego es la confianza en las instituciones.
La paradoja es clara: un Gobierno que se dice progresista y defensor de la justicia social no puede permitirse el lujo de normalizar la corrupción como un mal inevitable. La “hoja de ruta” de Sánchez debería empezar por un ejercicio de autocrítica real, no por un perdón que suena a fórmula gastada. Porque, como bien dijo Emiliano García-Page, el victimismo permanente no es fuerza, sino debilidad. Y la debilidad, en política, se paga cara.





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