Escándalo en el CETI de Alcalá de Henares: 18 millones para catering de inmigrantes frente a 7 euros diarios para ancianos

Un escándalo ha estallado en España tras la revelación de un contrato de catering valorado en más de 18 millones de euros para el Centro de ...

Un escándalo ha estallado en España tras la revelación de un contrato de catering valorado en más de 18 millones de euros para el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Alcalá de Henares, financiado por el Gobierno de Pedro Sánchez para 2025. Esta cifra, destinada a la alimentación de inmigrantes ilegales alojados en el centro, implica un gasto diario de aproximadamente 25 euros por persona, un monto que contrasta dramáticamente con los menos de 7 euros diarios asignados a la manutención de ancianos en residencias públicas de la Comunidad de Madrid. El caso ha ganado relevancia tras la detención de un inmigrante maliense, residente en dicho CETI, acusado de violar a una joven española el pasado 3 de julio en las inmediaciones del centro, lo que ha avivado las críticas sobre la gestión migratoria y el uso de fondos públicos.

El contrato, adjudicado a la Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), una sociedad pública dependiente del Estado, cubre el suministro de comidas para las cerca de 1,700 plazas del CETI de Alcalá de Henares desde octubre de 2025 hasta junio de 2026, según datos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los menús incluyen desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, con opciones especiales como dietas halal, sin cerdo y para diabéticos, servidas en recipientes homologados bajo estricta supervisión. Este gasto, que asciende a unos 25 euros diarios por inmigrante, se basa en el cálculo de dividir los 18.436.704 euros estimados entre el número de plazas y los días de cobertura, destacando un nivel de inversión que supera con creces el estándar de otras partidas sociales. Por el contrario, las residencias públicas madrileñas destinan entre 6.48 y 7.29 euros por anciano al día, una diferencia que ha desatado indignación entre asociaciones de mayores y familias, que denuncian una priorización injusta en la distribución de recursos.

El foco mediático se intensificó tras el ataque del 3 de julio, cuando una joven de 21 años fue agredida sexualmente por el inmigrante maliense, identificado como residente del CETI, en un parque cercano al centro. La detención del agresor, que permanece bajo custodia mientras se investiga su estatus legal y las circunstancias del delito, ha avivado las críticas hacia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, acusándolo de negligencia en la supervisión de los centros y en el manejo de fondos. La proximidad del CETI, ubicado en el Acuartelamiento Primo de Rivera, a zonas residenciales ha generado protestas vecinales, con pancartas que exigen su cierre y manifestaciones frente a la sede del PSOE en Madrid el pasado fin de semana, donde se corearon consignas como "¡Nuestros mayores primero!".

El contraste en el gasto ha desatado un debate político feroz. La oposición, con PP y Vox a la cabeza, ha calificado la inversión de "escandalosa" y ha exigido una auditoría urgente, argumentando que mientras se destinan millones a inmigrantes, las residencias geriátricas enfrentan denuncias por comida de baja calidad, como patatas podridas y productos con moho, según reportes recientes. El gobierno defiende que los fondos para el CETI forman parte de un plan humanitario financiado parcialmente por la UE, pero no ha aclarado cómo se justifica la diferencia con el presupuesto para ancianos, que ha sido recortado un 12% en los últimos tres años según datos de la Comunidad de Madrid. En redes sociales, la indignación se multiplica, con usuarios compartiendo comparativas de menús y exigiendo transparencia, mientras el caso amenaza con escalar a un conflicto mayor sobre la política migratoria del PSOE en un verano ya marcado por tensiones sociales.