Un nuevo escándalo sacude al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la revelación de que el actual ministro, Óscar Puente, cu...
Un nuevo escándalo sacude al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la revelación de que el actual ministro, Óscar Puente, culminó una obra iniciada durante las gestiones de sus predecesores José Blanco y José Luis Ábalos, la cual ahora está bajo la lupa de la Agencia Valenciana Antifraude por presuntas irregularidades. Un documento oficial, al que han tenido acceso varias fuentes periodísticas, confirma que en mayo de 2024 se realizó una modificación significativa en el proyecto, un momento en el que Puente ya llevaba seis meses al frente de la cartera tras tomar posesión el 21 de noviembre de 2023. La obra en cuestión, vinculada a la construcción de la estación de ferrocarril de Albal en Valencia, ha desatado sospechas sobre la continuidad de prácticas cuestionables entre las administraciones socialistas, alimentando las tensiones políticas en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión pública.
La estación de Albal, cuyo origen se remonta a un protocolo de colaboración firmado en mayo de 2011 bajo el mandato de Blanco como ministro de Fomento, fue objeto de un segundo convenio en 2019 con Ábalos al frente, cuando se comprometieron fondos para su ejecución a través de Adif. Sin embargo, la modificación de mayo de 2024, supervisada por el equipo de Puente, incluyó un incremento presupuestario de 800,000 euros, justificado oficialmente como corrección de "errores de proyecto" y mejoras solicitadas por Adif, según la constructora Lantania. La Agencia Valenciana Antifraude, en un informe remitido al Tribunal Supremo, cuestiona esta justificación, señalando "diversas irregularidades" que podrían estar relacionadas con el caso Koldo, la trama de presuntas comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia. El organismo destaca que el Ayuntamiento de Albal no aportó un instrumento urbanístico claro para los terrenos y que los sobrecostes no están suficientemente documentados, lo que ha llevado a una investigación más profunda.
La coincidencia temporal de la modificación con el mandato de Puente ha intensificado las acusaciones de negligencia o posible encubrimiento, especialmente tras la auditoría interna del Ministerio sobre el caso Koldo, que Puente encargó en febrero de 2024 y que derivó en la imputación de Ábalos. Fuentes cercanas a la oposición, como el PP, han sugerido que la finalización de la obra bajo Puente podría haber servido para "blanquear" irregularidades heredadas, una teoría que el Ministerio ha rechazado, insistiendo en que las decisiones se tomaron con base en informes técnicos y no en presiones políticas. Sin embargo, la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han solicitado acceso al expediente completo, incluyendo los contratos y las actas de las modificaciones, para determinar si hubo beneficios indebidos o colusión con empresas como Lantania, que ya fue señalada en otros proyectos controvertidos.
El caso ha reavivado las tensiones entre el PSOE y sus críticos, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiendo la comparecencia de Puente en el Congreso para aclarar su rol, mientras redes sociales como X se llenan de comentarios bajo el hashtag #PuenteAntifraude, con opiniones divididas entre quienes ven una conspiración y quienes culpan a las gestiones previas. El Ministerio ha defendido que la obra está concluida y operativa desde junio de 2025, beneficiando a la comunidad local, pero la investigación en curso podría extenderse a otros proyectos de la era Ábalos, poniendo en jaque la credibilidad de la gestión socialista en Transportes. Mientras Antifraude y el Supremo avanzan en sus pesquisas, el escándalo amenaza con agravar la crisis de confianza en el sector público, especialmente en un verano marcado por otros casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.





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