Fiscalía de Perú cita a Ábalos como imputado por apropiación de inmueble de 900 m² financiado con ayudas públicas

La Fiscalía de Perú ha citado a declarar este viernes al exministro español José Luis Ábalos como imputado por la presunta apropiación indeb...

La Fiscalía de Perú ha citado a declarar este viernes al exministro español José Luis Ábalos como imputado por la presunta apropiación indebida de un inmueble de 900 metros cuadrados construido con fondos públicos españoles destinados a proyectos benéficos, según ha desvelado el diario El Debate en una exclusiva que sacude la política española. La investigación, liderada por la fiscal Angélica Benites Molina del Segundo Despacho de Decisión Temprana de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, pone en el foco a Ábalos, actualmente bajo escrutinio del Tribunal Supremo por otros casos de corrupción, incluyendo el conocido como caso Koldo. El inmueble, ubicado en la ciudad costera de Chimbote, fue financiado con aproximadamente 150,000 euros provenientes de instituciones españolas como el Ministerio de Exteriores, la Junta de Castilla-La Mancha y varios ayuntamientos gobernados por el PSOE, pero terminó inscrito a nombre del exministro, desencadenando acusaciones de fraude y falsedad ideológica.

La resolución judicial peruana, a la que ha tenido acceso El Debate, detalla que Ábalos está siendo investigado por dos delitos: falsedad ideológica y fraude procesal, cada uno castigado con hasta seis años de prisión. La Fiscalía sostiene que el exministro pudo haber inducido en error a las autoridades judiciales y al Ministerio Público al presentar actos legales basados en una titularidad ficticia sobre el inmueble, que originalmente estaba destinado a la Asociación de Vivienda de Trabajadores Marítimos y Portuarios de Chimbote Miguel Grau. La denuncia fue presentada en 2024 por el presidente de esta asociación, quien descubrió que Ábalos y su colaboradora en Perú, Jenifer Balta Cueva, simularon una compraventa para apropiarse del edificio tras más de una década de uso comunitario. El caso se complica por la revalorización del inmueble, tasado actualmente en 1.2 millones de euros debido a su ubicación estratégica y calidad constructiva.

El origen del escándalo se remonta a 1998, cuando Ábalos, a través de su ONG Fiadelso, canalizó las subvenciones para la construcción del inmueble, que comenzó en 2002 y se completó en 2005. Durante años, el edificio sirvió como centro social para los trabajadores marítimos, pero en 2019, tras su ascenso como ministro de Transportes, Ábalos autorizó a Balta para que iniciara acciones legales contra los ocupantes, alegando que eran "okupas". En un intento de justificar su posesión, el exministro afirmó en su momento que registró el inmueble a su nombre para "agilizar trámites" y firmó un acta de compromiso para donarlo una vez finalizadas las obras, un compromiso que nunca cumplió. Esta contradicción es uno de los pilares de la investigación peruana, que busca determinar si hubo dolo en la apropiación de fondos públicos.

La citación llega en un momento crítico para Ábalos, quien ya enfrenta múltiples frentes judiciales en España. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido este inmueble en su análisis de su patrimonio, mientras el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo lo interroga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. La Fiscalía Anticorrupción española también ha identificado "poderosos indicios" de cohecho, vinculando al exministro con pagos en metálico y beneficios inmobiliarios facilitados por tramas corruptas. En Perú, la investigación se amplía a Balta y a Manuel Valls Ferrer, un empresario valenciano fallecido y copropietario registrado, cuya participación está siendo escrutada.

La reacción política no se ha hecho esperar. La oposición, liderada por PP y Vox, ha exigido la dimisión de Ábalos y ha acusado al PSOE de encubrir un sistema de corrupción institucional, mientras el partido de Sánchez guarda silencio oficial, limitándose a declaraciones evasivas de algunos dirigentes. En redes sociales, el caso ha generado un torbellino de indignación, con usuarios denunciando el uso de fondos públicos para beneficio personal y exigiendo transparencia. La comunidad de Chimbote, por su parte, ha expresado su descontento, con los desahuciados reclamando la devolución del inmueble. Con la declaración de Ábalos programada para mañana, este escándalo transnacional promete intensificar la presión sobre el exministro y el Gobierno español en un verano ya marcado por múltiples controversias.