Gobierno de España elimina vídeo de 2022 que explicaba a delincuentes ilegales cómo borrar antecedentes para nacionalidad

Ha surgido una controversia significativa tras la revelación de que el Gobierno de España, bajo la administración de Pedro Sánchez, publicó ...

Ha surgido una controversia significativa tras la revelación de que el Gobierno de España, bajo la administración de Pedro Sánchez, publicó en 2022 un vídeo en la cuenta oficial del Ministerio de la Presidencia que detallaba a personas con antecedentes penales, incluidas aquellas en situación irregular, cómo cancelar sus registros criminales para facilitar la obtención de la nacionalidad española. El contenido, que habría sido subido a plataformas como YouTube, ha sido retirado recientemente, lo que ha avivado las sospechas sobre las intenciones del Ejecutivo y ha desatado un intenso debate político y social. La existencia del vídeo, confirmada por capturas y referencias en redes sociales, ha sido vinculada a una supuesta política de regularización masiva que habría beneficiado a inmigrantes con historiales delictivos, un tema que ha generado indignación entre la oposición y sectores de la ciudadanía.

El vídeo, según testimonios de usuarios que lo visualizaron antes de su eliminación, ofrecía un paso a paso para solicitar la cancelación de antecedentes penales a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, un procedimiento legal que permite a quienes han cumplido sus condenas borrar sus registros tras un período de tiempo variable (entre 6 meses y 10 años, dependiendo de la gravedad del delito). La polémica radica en que el material parecía dirigido específicamente a inmigrantes ilegales, incluyendo instrucciones sobre cómo sortear requisitos migratorios y aprovechar este mecanismo para cumplir con los criterios de buena conducta exigidos para la nacionalidad, un proceso que normalmente requiere al menos 10 años de residencia legal continuada. Fuentes cercanas al Ministerio de la Presidencia han evadido comentarios directos, alegando que el vídeo fue una iniciativa mal interpretada destinada a informar sobre derechos legales generales, pero la falta de transparencia ha alimentado las críticas.

La oposición, liderada por el Partido Popular (PP) y Vox, ha calificado el incidente como un escándalo de "traición a los españoles", argumentando que el Gobierno facilitó la regularización de delincuentes en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública. Vox, en particular, ha vinculado esta acción a su reciente propuesta de auditar la concesión de nacionalidades y deportar a inmigrantes irregulares, señalando que el vídeo podría haber sido parte de una estrategia para encubrir irregularidades en los procesos migratorios. Por su parte, el PSOE ha defendido que la cancelación de antecedentes es un derecho contemplado en el Código Penal español desde 1995 y que el vídeo no promovía la ilegalidad, sino que informaba sobre un procedimiento existente. Sin embargo, la eliminación del contenido tras la presión pública y las preguntas parlamentarias ha sido interpretada como un reconocimiento implícito de un error o una maniobra para evitar un escrutinio mayor.

El caso ha resurgido en un momento de tensión migratoria, con más de 300,000 personas regularizadas anualmente según las reformas de inmigración de 2024-2025, y tras incidentes recientes como el apuñalamiento en El Ejido y el intento de rapto en San Fermín, ambos atribuidos a inmigrantes irregulares. En redes sociales, la indignación se ha multiplicado, con usuarios compartiendo capturas del vídeo y exigiendo explicaciones, mientras otros lo ven como prueba de una política de puertas abiertas que prioriza a extranjeros sobre los nacionales. Aunque no hay evidencia concluyente de que el vídeo haya sido utilizado masivamente por delincuentes, la percepción de favoritismo ha avivado el debate sobre la seguridad y la integridad del proceso de nacionalidad, dejando al Gobierno en una posición defensiva en un verano políticamente cargado.