Isabel Pardo de Vera imputada por cinco delitos, incluida organización criminal, tras hallazgo de contratos millonarios en su casa

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha sido imputada por la Audiencia Nacional por hasta cinco delitos graves: pertenencia a organiz...

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha sido imputada por la Audiencia Nacional por hasta cinco delitos graves: pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, en el marco de la investigación del caso Koldo. La decisión, tomada por el juez Ismael Moreno tras un registro autorizado el pasado 26 de junio en su domicilio en Santiago de Compostela, se fundamenta en la incautación de documentos clave por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que encontró contratos millonarios adjudicados a empresas vinculadas a la trama de corrupción liderada presuntamente por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Este hallazgo ha elevado las sospechas sobre la participación de Pardo de Vera en un esquema de amaño de obra pública durante el mandato de Ábalos entre 2018 y 2021.

Entre los documentos requisados se destaca un contrato relacionado con el suministro de cinco millones de mascarillas, adjudicado durante la pandemia, así como registros de licitaciones por valores superiores a los 500 millones de euros, favoreciendo a constructoras como Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). La UCO, en su informe, detalla que estos contratos habrían sido manipulados bajo las directrices de García, quien habría presionado a Pardo de Vera para asegurar adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales, un patrón que también involucra al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva. El registro incluyó la copia de correos electrónicos, chats de WhatsApp y una carpeta de Dropbox, donde se encontraron evidencias de comunicaciones directas entre Pardo de Vera y García, incluyendo mensajes que sugieren una coordinación explícita para acelerar procesos de contratación.

Pardo de Vera, quien ya estaba imputada desde mayo por la contratación irregular de Jésica Rodríguez —expareja de Ábalos— en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, enfrenta ahora una investigación ampliada que la vincula al corazón de la trama. Según el juez Moreno, los indicios apuntan a que la expresidenta facilitó información privilegiada sobre licitaciones y manipuló procesos para beneficiar a las empresas señaladas, actuando bajo la influencia de Ábalos y su círculo cercano. La UCO ha identificado al menos tres proyectos clave —la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (71.5 millones de euros), el puente del Centenario de Sevilla y obras en el corredor mediterráneo— donde se habrían pagado comisiones estimadas en más de un millón de euros, según confesiones del intermediario Víctor de Aldama.

La noticia ha desatado un terremoto político, con la oposición exigiendo la dimisión de Sánchez y una investigación exhaustiva, mientras sectores del PSOE guardan silencio, temiendo más filtraciones. En redes sociales, la indignación crece, con usuarios cuestionando la gestión de fondos públicos y la impunidad de altos cargos, aunque algunos defienden a Pardo de Vera, argumentando que las pruebas aún no son concluyentes. La expresidenta, citada a declarar el 21 de julio, ha negado las acusaciones, pero la presión aumenta tras el reciente encarcelamiento de Cerdán y las investigaciones paralelas en el Tribunal Supremo sobre Ábalos. Este caso amenaza con agravar la crisis interna del partido, exponiendo una red de favores que podría implicar a más figuras del gobierno en un verano de escrutinio político sin precedentes.