Italia y España ratifican la custodia del hijo menor de Juana Rivas a favor de su padre, Francesco Arcuri

La disputa legal entre Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri, sobre la custodia de su hijo menor ha dado un nuevo giro judicial. En la...

La disputa legal entre Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri, sobre la custodia de su hijo menor ha dado un nuevo giro judicial. En las últimas semanas, tanto la Corte de Apelación de Cagliari, en Italia, como el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada han reafirmado la custodia legal del menor a favor del padre, confirmando que el niño debe regresar con Arcuri a Italia tras las vacaciones de Navidad que pasó en España. Esta decisión reactiva uno de los casos de conflicto familiar internacional más polémicos de los últimos años, repleto de acusaciones cruzadas, resoluciones contradictorias y un telón de fondo judicial que no ha cesado desde 2016.

El fallo más reciente se produjo el 7 de julio, cuando el tribunal italiano rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Rivas y ratificó la sentencia previa del 18 de febrero, que otorgaba a Arcuri la custodia exclusiva del menor. Por su parte, el tribunal español emitió una resolución el 4 de julio que también valida la decisión de Italia, considerando que esta cumple con los estándares de protección jurídica y los convenios internacionales en materia de restitución de menores. El juzgado granadino además impuso a Juana Rivas el pago de las costas procesales, lo que refuerza la solidez de la posición jurídica del padre en este caso.

Francesco Arcuri ha solicitado que se ejecute de inmediato la orden de entrega del menor, argumentando que existe una resolución firme que lo respalda y que su hijo lleva más de seis meses fuera del país donde reside legalmente. El niño llegó a España durante las vacaciones navideñas de 2024 y, desde entonces, permanece con su madre en Maracena, gracias a una medida cautelar emitida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que acordó su permanencia temporal en España para proteger su bienestar psicológico mientras se le escuchaba en sede judicial.

La defensa de Rivas, encabezada por el abogado Carlos Aránguez, ha anunciado que recurrirá la orden de restitución argumentando que no se ha tenido en cuenta la voluntad del menor, quien habría manifestado su deseo de permanecer con su madre en España. Aránguez insiste en que el tribunal español debe escuchar directamente al niño antes de tomar una decisión que afecta de manera tan profunda a su estabilidad emocional y a su entorno vital inmediato. También denuncia una supuesta vulneración del principio de interés superior del menor, y sostiene que no se puede proceder a su traslado sin considerar las denuncias por maltrato que pesan sobre el progenitor.

Y es que, en paralelo al proceso civil por la custodia, se encuentra en curso un procedimiento penal en Italia contra Francesco Arcuri por presunto maltrato habitual y grave tanto contra sus hijos como contra Juana Rivas. La fiscalía de Cagliari ha fijado el juicio para el próximo 18 de septiembre, en base a nuevas pruebas presentadas por la defensa de Rivas, incluyendo una grabación de audio en la que el hijo mayor, cuando tenía 13 años, relataba supuestas agresiones físicas sufridas por parte de su padre. El testimonio del adolescente, actualmente mayor de edad, ha sido admitido como prueba tanto en tribunales españoles como italianos.

Este trasfondo penal plantea un dilema jurídico y ético: mientras los tribunales civiles validan la custodia a favor de Arcuri, la justicia penal italiana podría llegar a dictar una condena en su contra por violencia doméstica, lo cual daría un giro drástico a la situación. La posibilidad de que el menor regrese a un entorno familiar potencialmente hostil ha generado preocupación entre colectivos feministas, asociaciones de infancia y entidades de defensa de los derechos de los menores, que piden una revisión cautelosa del caso antes de proceder con cualquier restitución.

Juana Rivas, por su parte, mantiene una posición de resistencia legal pero no pública. Desde su indulto parcial en 2021 por un delito de sustracción de menores, ha tratado de reconstruir su situación jurídica a través de los tribunales, en medio de un debate social polarizado que la ha convertido en símbolo para unos y en transgresora de la ley para otros. El Ministerio de Igualdad ha evitado pronunciarse en esta etapa reciente del caso, aunque fuentes del entorno del Gobierno señalan que se observa con atención la evolución del proceso penal italiano, considerado clave para futuras decisiones.

La complejidad del caso pone a prueba la coordinación judicial entre Estados miembros de la Unión Europea, en el marco del Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. La convivencia entre resoluciones civiles y procesos penales simultáneos, la necesidad de proteger los derechos del menor y el cumplimiento de normativas supranacionales generan un escenario delicado en el que la legalidad y la sensibilidad emocional del caso colisionan sin que exista una solución que satisfaga a todas las partes. Por ahora, el destino del niño depende de un equilibrio inestable entre dos sistemas judiciales que, aunque cooperan formalmente, reflejan visiones muy distintas sobre cómo interpretar y proteger el interés superior del menor.