Los partidos políticos, ¿aliados en la sombra para expoliar al ciudadano?

La afirmación de que los partidos políticos, especialmente PP y PSOE, son “mafias criminales” cuya única finalidad es extorsionar al ciudada...

La afirmación de que los partidos políticos, especialmente PP y PSOE, son “mafias criminales” cuya única finalidad es extorsionar al ciudadano honrado a través de la corrupción y el control alternado de Hacienda suena a primera vista como un grito de indignación, pero invita a una reflexión profunda sobre el estado de nuestra democracia. ¿Es esto una hipérbole nacida de la frustración o hay algo de verdad en este diagnóstico tan crudo?

No es ningún secreto que la confianza en los partidos tradicionales en España está bajo mínimos. Según el CIS, en 2024, menos del 20% de los españoles confiaba en los partidos políticos, y no es difícil entender por qué. Los casos de corrupción han salpicado tanto al PP como al PSOE durante décadas, alimentando la percepción de un sistema diseñado para beneficiar a una élite política mientras el ciudadano de a pie soporta una presión fiscal cada vez mayor. La alternancia en el poder entre estos dos partidos, que han gobernado España durante la mayor parte de la democracia postfranquista, ha dejado un reguero de escándalos que refuerzan la narrativa de una “compinchación” tácita.

Tomemos el caso de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP, investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante su mandato. La acusación, destapada en 2025, apunta a un posible uso indebido de fondos y favores a empresas cercanas al partido. Mientras tanto, el PSOE de Pedro Sánchez no sale mejor parado: desde el caso Koldo, que involucró a altos cargos en la compra irregular de mascarillas durante la pandemia, hasta las sospechas sobre el uso de fondos europeos, el actual Gobierno está envuelto en un manto de dudas sobre su gestión. Y luego está el caso de Jordi Pujol, el expresidente catalán de CiU, cuyo clan familiar y el famoso “3%” de comisiones ilegales siguen sin resolverse judicialmente, pese a años de investigaciones. ¿Cómo es posible que, con tantas acusaciones cruzadas, los responsables parezcan siempre esquivar la justicia?

La tesis de que PP y PSOE se turnan para “robar” al ciudadano mientras se acusan mutuamente tiene su eco en la percepción de que ambos partidos se protegen en un juego de equilibrios. Hacienda, como brazo ejecutor del Estado, recauda impuestos que, en teoría, sostienen el bienestar común, pero los escándalos recurrentes —desde la amnistía fiscal de Montoro en 2012, que benefició a grandes fortunas, hasta las críticas al PSOE por el aumento de la presión fiscal sin mejoras visibles en servicios públicos— alimentan la idea de que el sistema está diseñado para perpetuar el poder de las élites políticas. Cada partido señala al otro como el gran corrupto, pero los avances judiciales son lentos, y las condenas, cuando llegan, suelen ser insuficientes para calmar el hartazgo ciudadano.

Sin embargo, calificar a los partidos como “mafias criminales” requiere matizar. Aunque los casos de corrupción son innegables —Gürtel, ERE, Filesa, Bárcenas, y un largo etcétera—, no todos los miembros de estos partidos son corruptos, y no todas sus acciones responden a una conspiración orquestada. La alternancia en el poder puede ser menos un pacto maquiavélico y más el resultado de un sistema bipartidista que, por su propia inercia, ha generado una cultura de clientelismo y falta de rendición de cuentas. El problema radica en la opacidad, la lentitud de la justicia y la sensación de impunidad que proyectos como el “3%” de Pujol o las investigaciones a Montoro y al entorno de Sánchez refuerzan.

El ciudadano, atrapado entre impuestos crecientes y servicios públicos que no siempre responden a sus necesidades, tiene razones para sentirse extorsionado. Pero la solución no pasa por demonizar a los partidos en bloque, sino por exigir una reforma profunda: más transparencia, una justicia independiente y ágil, y mecanismos que rompan el monopolio del bipartidismo. Mientras PP y PSOE sigan señalándose mutuamente sin asumir sus propios fallos, el verdadero perjudicado seguirá siendo el ciudadano honrado, que paga la factura de un sistema que parece proteger más a sus actores que a quienes lo sostienen.

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