Un nuevo escándalo de corrupción sacude al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), esta vez centrado en Montse Mínguez, la recién nombrada...
Un nuevo escándalo de corrupción sacude al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), esta vez centrado en Montse Mínguez, la recién nombrada portavoz del partido, quien habría condonado una deuda de 281,783 euros a una empresa vinculada a su pareja cuando era concejal de Economía en el Ayuntamiento de Lérida. Según una investigación publicada por The Objective (TO), la deuda fue perdonada a Adaix de Negocios, una compañía responsable de la explotación pública de la discoteca Larida durante cinco años, entre 2009 y 2014, levantando serias dudas sobre posibles conflictos de interés y prácticas irregulares durante su gestión municipal. Este caso ha reavivado las críticas hacia el PSOE en un momento de creciente presión por escándalos de corrupción, poniendo en jaque la credibilidad de su liderazgo tras la reciente crisis con Santos Cerdán.
El incidente tuvo lugar durante el mandato de Mínguez como concejala de Economía, cargo que ocupó entre 2003 y 2019, bajo la alcaldía de Àngel Ros, un periodo en el que también fue segunda y primera teniente de alcalde. Adaix de Negocios, creada en enero de 2009 y gestionada por Sergi Vélez, pareja de Mínguez, obtuvo la concesión para operar la discoteca Larida en mayo de ese año, justo tras la constitución de la empresa, un detalle que ha alimentado sospechas de favoritismo. La concesión, que incluía la gestión de actividades de ocio en el Turó de Gardeny, se extendió hasta octubre de 2014, pero enfrentó problemas financieros que llevaron a una reestructuración de la deuda. Según TO, en 2015, Mínguez, entonces primera teniente de alcalde, aprobó un nuevo acuerdo que exoneró a la empresa de pagar los 281,783 euros pendientes, justificándolo como una medida para "salvar la situación y demostrar el interés público", según correos electrónicos del exalcalde Ros.
La decisión desató una investigación de la Fiscalía Anticorrupción tras denuncias presentadas por la entonces concejala socialista Rosa Camps, quien fue destituida poco después de cuestionar la operación. Camps acusó al Ayuntamiento de diseñar "un traje a medida" para Adaix, sugiriendo que la condonación fue un trato de favor hacia la pareja de Mínguez. La Fiscalía irrumpió en el Consistorio el 5 de marzo de 2015 para recabar información, pero archivó el caso en octubre de ese año al no encontrar pruebas suficientes de corrupción, una resolución que Camps calificó de insuficiente, insistiendo en la necesidad de una conducta ética "irreprochable" en política. El archivo no ha silenciado las críticas, y la reaparición de este episodio ha coincidido con el ascenso de Mínguez a portavoz del PSOE el 4 de julio de 2025, tras la salida de Esther Peña.
El escándalo ha generado una tormenta política. La oposición, liderada por el PP y Vox, ha aprovechado para denunciar una "cultura de impunidad" en el PSOE, con Alberto Núñez Feijóo exigiendo explicaciones y vinculando este caso a la reciente imputación de Santos Cerdán en la trama Koldo. En redes sociales, usuarios han cuestionado la idoneidad de Mínguez para el cargo, con hashtags como #PSOECorrupción ganando tracción. Dentro del partido, la dirección ha optado por un silencio estratégico, mientras Mínguez, que asumió el rol tras la crisis interna, ha evadido comentarios directos, centrándose en su debut como portavoz el 7 de julio, donde defendió su origen en Lérida como "tierra de fruta" en un intento por desviar la atención. Sin embargo, esta estrategia ha sido vista como evasiva, intensificando las especulaciones.
El contexto agrava la situación para el PSOE. Con Pedro Sánchez enfrentando presión por otros casos de corrupción, como el de su esposa Begoña Gómez, y la reciente renuncia de Cerdán, este nuevo episodio pone en duda la promesa de "tolerancia cero" contra la corrupción. Aunque la condonación se enmarcó como una solución económica viable en 2015, la relación personal de Mínguez con Vélez, quien sigue vinculado a Adaix como apoderado, ha levantado sospechas de nepotismo. Sin pruebas concluyentes de ilegalidad, el caso podría depender de interpretaciones éticas, pero su impacto político es innegable, alimentando un verano de crisis para el partido en un momento en que busca recuperar confianza tras meses de escrutinio.
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