Periodistas enfrentan multas de hasta 2,5 millones por publicar "altos secretos" mientras Bolaños centraliza control de información confidencial

Ha generado una fuerte polémica la presentación de un anteproyecto de ley de información clasificada que establece sanciones de hasta 2,5 mi...

Ha generado una fuerte polémica la presentación de un anteproyecto de ley de información clasificada que establece sanciones de hasta 2,5 millones de euros para los periodistas que publiquen documentos clasificados como "altos secretos" por el Consejo de Ministros. El texto, remitido al Consejo de Estado por los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, busca reemplazar la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968, introduciendo un plazo máximo de protección de 60 años (45 iniciales más una prórroga de 15) para los documentos considerados sensibles. Esta iniciativa, liderada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, implica un cambio significativo al transferir el control de la información confidencial desde el Ministerio de Defensa, marcando un giro en la gestión de la seguridad nacional y desatando críticas por su impacto en la libertad de prensa.

El anteproyecto, que consta de 43 páginas y fue aprobado por los ministerios de Presidencia, Justicia, Asuntos Exteriores, Defensa e Interior, define cuatro categorías de información clasificada: "alto secreto", "secreto", "confidencial" y "restringido", con niveles de protección basados en el riesgo para la seguridad y defensa del Estado. La clasificación de "alto secreto" y "secreto" quedará exclusivamente en manos del Consejo de Ministros, que también podrá reclasificar o desclasificar según lo estime necesario. La sanción de hasta 2,5 millones de euros, aplicable en menos de un año por considerar la infracción "muy grave", se impondría no solo por la difusión, sino también por el acceso fortuito o la posesión no autorizada de estos documentos, incluso sin intención de publicarlos. Para categorías inferiores como "confidencial" y "restringido", las multas se reducen a un máximo de 800,000 euros y 30,000 euros respectivamente, reflejando una gradación en las penalizaciones.

El traslado del control de la información confidencial a Presidencia, arrebatado a Defensa, ha sido justificado por Bolaños como una medida para centralizar y modernizar la gestión, alineándola con los estándares de la Unión Europea y la OTAN, donde este tipo de competencias suelen recaer en ministerios transversales. Sin embargo, esta decisión ha generado tensiones internas, especialmente con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien había defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de su cartera, mantuviera un rol central. Fuentes gubernamentales aseguran que Robles dio su visto bueno al borrador, pero el cambio refuerza el poder de Bolaños, considerado la mano derecha de Pedro Sánchez, en un contexto de creciente control político sobre la información sensible.

La propuesta ha desatado un aluvión de críticas. Periodistas y asociaciones de prensa, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), han advertido que las sanciones amenazan la libertad de expresión, protegida por el artículo 20 de la Constitución, y podrían desincentivar el periodismo de investigación, especialmente en temas de corrupción o seguridad nacional. El preámbulo de la ley reconoce este derecho fundamental, sugiriendo que las restricciones sean excepcionales, pero no excluye explícitamente a los medios de las sanciones, lo que ha generado incertidumbre. En redes sociales, la reacción ha sido inmediata, con usuarios denunciando una "censura disfrazada" y cuestionando si el Gobierno busca protegerse de escándalos recientes, como las filtraciones sobre el caso Pegasus o los datos personales de Sánchez y varios ministros investigados por la Policía.

El contexto político añade combustible al debate. La ley llega tras meses de tensiones por el manejo de información clasificada, incluyendo el espionaje con Pegasus a líderes independentistas catalanes, que forzó a Sánchez a prometer una actualización legislativa. Sin embargo, la oposición, liderada por el PP y Vox, ha acusado al Gobierno de usar esta reforma para encubrir irregularidades, mientras socios como el PNV y ERC exigen garantías para los denunciantes y los periodistas. El Consejo de Estado, encargado de emitir un informe preceptivo, podría introducir modificaciones antes de que el texto llegue al Congreso, pero su aprobación definitiva enfrenta un panorama legislativo complejo, con el riesgo de que se diluya en el próximo periodo de sesiones si no se alcanza un consenso amplio.