Portugal endurece política migratoria con apoyo de Chega: Menos visados, unidad policial de expulsiones y restricciones a reagrupación familiar

Portugal ha dado un giro significativo en su política migratoria, endureciendo las normas de entrada y residencia gracias al respaldo del pa...

Portugal ha dado un giro significativo en su política migratoria, endureciendo las normas de entrada y residencia gracias al respaldo del partido de ultraderecha Chega al gobierno de coalición liderado por el primer ministro Luís Montenegro. Las nuevas medidas, aprobadas este miércoles en el Parlamento con 116 votos a favor —sumando los 91 del Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP) junto con los 25 de Chega—, incluyen una reducción drástica en la concesión de visados, la creación de una unidad policial específica para expulsiones y la imposición de límites estrictos a la reagrupación familiar. Este cambio marca un alejamiento de la política de puertas abiertas promovida por el anterior Gobierno socialista, reflejando la presión creciente de la inmigración y el auge de los partidos conservadores tras las elecciones de mayo de 2025.

La medida más destacada es la disminución de visados, que ahora se limitará casi exclusivamente a profesionales altamente cualificados, eliminando opciones como el visado de búsqueda de empleo para trabajadores no especializados, un canal que había facilitado la llegada de miles de inmigrantes en los últimos años. La nueva Unidad de Extranjeros y Fronteras, integrada en la Policía de Seguridad Pública (PSP), será responsable de agilizar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, con un plan inicial de notificar a unos 30,000 casos pendientes para que abandonen el país en un plazo de 60 días, según declaraciones del ministro del Interior, António Morgado. En cuanto a la reagrupación familiar, se exige ahora un mínimo de dos años de residencia legal en Portugal para solicitarla, restringiendo este beneficio principalmente a menores de edad y eliminando la posibilidad de incluir a otros familiares dependientes, como padres o cónyuges, sin un proceso separado y más riguroso.

El respaldo de Chega, que pasó de 12 a 25 escaños en las elecciones y se consolidó como tercera fuerza política, ha sido clave para superar la mayoría absoluta requerida de 116 votos en el Parlamento de 230 escaños. André Ventura, líder de Chega, celebró las reformas como "un paso necesario para proteger la identidad portuguesa" y criticó que las políticas socialistas habían convertido a Portugal en "un imán para la avalancha migratoria", un discurso que resonó tras el aumento del 33% en la población extranjera en 2023, superando el millón de residentes no nacionales. Sin embargo, la izquierda, encabezada por el Partido Socialista (PS) con 58 escaños, ha denunciado estas medidas como "xenófobas" y ha anunciado movilizaciones para el próximo fin de semana, argumentando que afectan a comunidades integradas, como los brasileños y los ciudadanos de países de la CPLP.

El contexto de esta reforma se enmarca en un aumento de la presión migratoria, con más de 400,000 solicitudes de regularización pendientes según datos de la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), y un debate público intensificado por la llegada de oleadas de inmigrantes desde África y América Latina. El Gobierno defiende que estas medidas buscan "regular y humanizar" la inmigración, alineándose con las políticas de la Unión Europea, pero asociaciones de inmigrantes advierten que podrían generar exclusión y retrasos en la integración. En las calles, la tensión es palpable, con concentraciones de apoyo y rechazo en Lisboa y Oporto, mientras las redes sociales reflejan una polarización creciente bajo hashtags como #PortugalSeguro y #NoALaXenofobia. La implementación de estas leyes, que entrarán en vigor el 1 de agosto tras su publicación en el Diário da República, pondrá a prueba la estabilidad de la coalición y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en Portugal.