PSOE rectifica propuesta contra periodistas críticos tras informe de letrados y presión del PNV

El Grupo Parlamentario Socialista se encuentra en una posición de retroceso tras verse obligado a rectificar y retirar aspectos clave de su ...

El Grupo Parlamentario Socialista se encuentra en una posición de retroceso tras verse obligado a rectificar y retirar aspectos clave de su propuesta para restringir el trabajo de los periodistas críticos en los accesos al Congreso de los Diputados. Esta decisión, que se materializará este jueves durante la aprobación del dictamen de la Proposición de Ley de Reforma del Reglamento de la Cámara Baja en comisión, llega antes de su votación definitiva en el pleno del próximo día 22. La corrección responde a un informe desfavorable emitido por los letrados del Congreso, que ha puesto en jaque la legalidad de la iniciativa, y a la presión de sus propios socios, especialmente el PNV, que ha presentado una enmienda transaccional para eliminar las referencias a "las zonas de acceso" al recinto parlamentario, limitando así el alcance de las restricciones.

La propuesta original, impulsada conjuntamente por el PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, EH Bildu y el Grupo Mixto, buscaba establecer un régimen sancionador que permitiera a la Mesa del Congreso retirar acreditaciones o imponer multas a periodistas que, según criterios subjetivos, incumplieran normas de "cortesía parlamentaria" o interfirieran en la actividad institucional. Sin embargo, el informe de los letrados, presentado el lunes tras la ponencia de la Comisión de Reglamento, ha desmontado su viabilidad jurídica. Los servicios legales de la Cámara advirtieron que extender las sanciones a las zonas de acceso, fuera del recinto propiamente dicho, excedía las competencias del Congreso y vulneraba el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de información, así como los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, criticaron la "redacción excesivamente abierta" de la norma, que generaría "inseguridad jurídica" al no definir con claridad los escenarios sancionables.

La presión para la rectificación se intensificó tras el informe, que no es vinculante pero sí influyente en el proceso legislativo. El PNV, aliado clave del Gobierno, aprovechó la oportunidad para introducir su enmienda, exigiendo que las restricciones se limiten al interior del edificio parlamentario, un cambio que el PSOE ha aceptado para salvar la tramitación. Esta maniobra refleja las tensiones internas dentro del bloque progresista, ya que otros socios como ERC y Bildu, inicialmente favorables, han mostrado reticencias tras las críticas legales y la reacción de asociaciones de prensa. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) habían alertado previamente sobre un posible "ataque a la libertad de prensa", un argumento que ahora encuentra eco en el dictamen de los letrados.

El contexto político añade complejidad al asunto. La propuesta surgió en marzo como respuesta a incidentes protagonizados por periodistas como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, acusados de acoso y prácticas disruptivas en ruedas de prensa, lo que llevó a quejas formales de varios grupos parlamentarios. Sin embargo, la oposición, liderada por PP y Vox, ha denunciado desde el principio un intento de censura selectiva contra medios críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente tras escándalos como las investigaciones sobre Santos Cerdán y el caso Ábalos. La rectificación del PSOE, aunque parcial, busca evitar un enfrentamiento mayor con la oposición y el riesgo de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que podría anular la norma si prospera.

En redes sociales, la noticia ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios celebran la retirada de las restricciones como una victoria para la libertad de prensa, otros critican al PSOE por ceder ante la presión en lugar de defender su postura. El debate se intensifica con la proximidad del pleno del 22, donde el texto revisado enfrentará un nuevo escrutinio. Aunque la enmienda del PNV suaviza el impacto, la reforma sigue contemplando sanciones dentro del recinto, lo que deja abierta la posibilidad de futuros conflictos legales. Para el Gobierno, esta marcha atrás supone un revés en su intento de regular el periodismo parlamentario, en un verano ya marcado por polémicas como el "catastrazo" rural y las tensiones migratorias en Torre Pacheco.