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Los vecinos de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, han convocado una nueva manifestación para el sábado 19 de julio de 2025, con el objetivo de exigir el cierre definitivo del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) ubicado en el antiguo cuartel Primo de Rivera. Esta movilización, promovida a través de redes sociales y respaldada por sectores críticos con las políticas migratorias, responde a la indignación generada tras la detención de un joven de 21 años de nacionalidad maliense, residente del centro, acusado de perpetrar una grave agresión sexual contra una joven española de la misma edad el pasado 28 de junio.
El incidente, ocurrido en un camino de tierra cercano al CAED, ha desatado una ola de protestas en la localidad, marcadas por un creciente malestar vecinal ante la percepción de inseguridad asociada al centro de acogida, que alberga a unas 1.700 personas, según datos del Ayuntamiento. Desde su apertura en noviembre de 2023, el CAED ha sido objeto de controversia, con denuncias de los vecinos sobre problemas de convivencia, reyertas y otros incidentes, incluyendo un motín y un fallecimiento reportados previamente. La reciente agresión sexual ha intensificado estas críticas, alimentando el clamor por su clausura.
La manifestación del sábado será la tercera en menos de tres semanas, tras concentraciones previas que terminaron en disturbios, con cuatro detenidos el 2 de julio por desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, y otra el 4 de julio que dejó un agente herido y un manifestante arrestado. Estas protestas, apoyadas por grupos como la organización juvenil Revuelta, afín a Vox, han estado marcadas por consignas contra la inmigración ilegal y mensajes como “¡Esta es nuestra tierra y hay que defenderla!” o “¡El día de mañana podría ser tu hermana!”. Además, el centro ha sido blanco de pintadas racistas, como “Negros al cementerio” acompañado de una esvástica, lo que ha generado preocupación por el aumento de discursos de odio en la localidad.
La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet (PP), ha respaldado las demandas vecinales, anunciando una moción para el Pleno del 15 de julio que exigirá al Gobierno central el cierre del CAED. Piquet ha criticado la gestión migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, argumentando que el centro, diseñado para ser temporal, ha superado su capacidad y ha generado problemas de seguridad y convivencia. La regidora ha destacado la rápida actuación de la Policía Nacional, que identificó al presunto agresor mediante cámaras de seguridad y análisis de ADN, deteniéndolo el 1 de julio. Sin embargo, también ha señalado la falta de información oficial por parte de la Delegación del Gobierno, lo que ha contribuido a la “alarma social” en el municipio.
Santiago Abascal, líder de Vox, visitó Alcalá de Henares el 6 de julio para expresar su apoyo a la víctima y exigir el cierre del centro, acusando al “bipartidismo” de promover políticas de “puertas abiertas” que, según él, han incrementado la inseguridad. Vox ha calificado el incidente como una muestra del “fracaso del modelo multiculturalista” y ha reiterado su demanda de expulsión inmediata de delincuentes extranjeros. Estas declaraciones han avivado el debate político, con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, acusando a Piquet de difundir bulos y exigiendo una rectificación, mientras que el PP regional ha criticado la falta de acción del Gobierno central para garantizar la seguridad en los municipios.
Por otro lado, colectivos como Alcalá Acoge y el Centro Social 13 Rosas han denunciado el aumento de actitudes xenófobas tras el incidente, señalando que el discurso de odio está siendo amplificado por autoridades locales y partidos como PP y Vox. Estos colectivos, que trabajan con los migrantes del CAED, destacan que la mayoría de los residentes son personas vulnerables procedentes de países como Senegal, Mali y Gambia, que llegan a España en busca de una vida mejor, y critican la estigmatización generalizada. También han recordado que en 2024 y el primer trimestre de 2025 se registraron 18 agresiones sexuales con penetración en Alcalá, pero solo este caso ha generado una respuesta mediática y política tan intensa, lo que atribuyen a motivos raciales.
La Delegación del Gobierno ha reforzado la presencia policial en torno al CAED para evitar nuevos altercados, mientras que la investigación sobre la agresión sexual continúa, con el presunto autor en prisión provisional sin fianza. La manifestación del sábado se espera que reúna a cientos de personas, en un contexto de alta tensión social y política que refleja las profundas divisiones sobre la inmigración en España.





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