La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que está evaluando la implementación de nuevas medidas para combatir el cambio climático...
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que está evaluando la implementación de nuevas medidas para combatir el cambio climático, incluyendo un cobro de un euro diario por circular en áreas congestionadas y la exigencia de un mínimo de dos personas por coche en ciertas zonas urbanas. Esta iniciativa, que forma parte de un plan más amplio para alinearse con los objetivos climáticos de la Unión Europea, busca reducir las emisiones de carbono en el transporte, sector que representa cerca del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. La propuesta, aún en fase de estudio y sometida a consulta pública, ha generado un intenso debate entre ciudadanos, expertos y políticos, quienes cuestionan su viabilidad y equidad en un contexto de inflación y dependencia del vehículo privado.
La medida del euro diario afectaría principalmente a conductores no residentes en zonas de alta congestión, como Madrid, Barcelona y otras ciudades que ya cuentan con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), y se aplicaría durante los días laborables, con posibles exenciones para residentes, emergencias y personas con movilidad reducida. La DGT argumenta que esta tasa, inspirada en modelos como los implementados en las Islas Baleares (donde se cobra un euro por día en Formentera e Ibiza durante temporada alta), podría recaudar fondos para mejorar el transporte público y fomentar alternativas al uso del coche. Paralelamente, la regla de dos ocupantes por vehículo, basada en el concepto de carriles HOV (High Occupancy Vehicle) usado en países como Francia y Alemania, se aplicaría en horas punta en áreas metropolitanas, incentivando el uso compartido y reduciendo la circulación de vehículos individuales, que representan más del 60% del tráfico en estas zonas.
Sin embargo, la propuesta ha desatado críticas inmediatas. Asociaciones de automovilistas, como Automovilistas Europeos Asociados, han denunciado que la medida castiga a las familias trabajadoras que dependen del coche por falta de transporte público eficiente, especialmente en áreas rurales donde las alternativas son escasas. Expertos en movilidad urbana advierten que el impacto ambiental podría ser limitado si no se acompaña de una inversión masiva en infraestructuras sostenibles, estimando que el efecto neto de reducción de emisiones podría ser inferior al 5% sin un cambio estructural. Además, la DGT no ha detallado cómo se controlará el cumplimiento de la regla de dos ocupantes, lo que ha llevado a especulaciones sobre el uso de cámaras de reconocimiento facial o sistemas de matriculación, planteando preocupaciones sobre privacidad.
El anuncio coincide con la presión de la UE para que España cumpla sus metas de reducción de emisiones, como el objetivo de un 55% menos de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990, según el Pacto Verde Europeo. La DGT asegura que estas medidas son un paso inicial para alinear el transporte con estas metas, pero el Gobierno aún no ha confirmado su adopción definitiva, dejando la decisión en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos tras el periodo de consulta, que se extenderá hasta octubre. En redes sociales, el hashtag #DGTImpuestos ha ganado fuerza, con usuarios divididos entre quienes ven una necesidad climática y quienes lo consideran un "impuesto encubierto" en un momento de crisis económica. La implementación, si se aprueba, podría empezar en 2026, marcando un cambio radical en la movilidad española que aún enfrenta resistencia y dudas sobre su efectividad real.
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