El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de prisión por los delitos de abuso de proceso y cohecho en un cas...
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de prisión por los delitos de abuso de proceso y cohecho en un caso de manipulación de testigos, marcando un hito judicial al convertirse en el primer exmandatario del país en recibir una sentencia penal firme. La decisión fue dictada esta tarde por la jueza Sandra Liliana Heredia en una audiencia celebrada en Bogotá, tras un proceso de más de 13 años que ha polarizado a la nación y puesto bajo escrutinio el legado de Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010. La sentencia, anunciada tras una deliberación de varias semanas desde el veredicto inicial del 28 de julio, establece que Uribe incurrió en maniobras para sobornar a exparamilitares y alterar sus testimonios, con el objetivo de desacreditar acusaciones que lo vinculaban a grupos paramilitares durante los años 90.
El caso se originó en 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por supuestamente orquestar un complot para relacionarlo con paramilitares, una acusación que el Tribunal Supremo de Justicia desestimó en 2018, girando la investigación hacia el propio Uribe. La jueza Heredia, en una resolución de más de 1,000 páginas, determinó que Uribe, junto con su abogado Diego Cadena, intentó influir en testigos como Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que había declarado sobre los nexos de Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las pruebas incluyeron grabaciones telefónicas legales y testimonios que demostraron pagos y presiones para que los excombatientes retractaran sus declaraciones, un esfuerzo que buscaba proteger su imagen política y la de su familia, incluyendo a su hermano Santiago, también investigado por vínculos paramilitares.
La condena incluye una pena de seis años por abuso de proceso y otros seis por cohecho, sumando los 12 años, aunque la edad de Uribe, 73 años, podría permitirle cumplir la sentencia bajo arresto domiciliario, un detalle aún por confirmar en los próximos días. Uribe, líder del partido Centro Democrático y figura clave de la derecha colombiana, ha calificado el proceso como una persecución política, una narrativa que sus seguidores han amplificado en protestas frente a los tribunales, donde algunos portaron máscaras con su rostro. Sus detractores, por el contrario, celebran la decisión como un paso hacia la justicia, citando décadas de acusaciones sobre su cercanía con paramilitares y el escándalo de los "falsos positivos", donde civiles fueron asesinados y presentados como bajas guerrilleras durante su presidencia.
La sentencia llega a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, en las que aliados de Uribe, como María Fernanda Cabal, buscan suceder al actual mandatario Gustavo Petro, un crítico declarado del exgobernante. La decisión ha desatado reacciones internacionales, con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, condenándola como un "uso indebido del sistema judicial", mientras Petro la defendió como un triunfo de la independencia judicial. En redes sociales, el hashtag #UribeCondenado se ha vuelto tendencia, con opiniones divididas entre quienes ven un avance en la accountability y quienes lo consideran un ataque a un líder que redujo la violencia guerrillera con su política de Seguridad Democrática. El equipo legal de Uribe ya anunció un recurso de apelación, lo que podría extender el caso hasta la Corte Suprema, dejando a Colombia en vilo mientras el futuro político del exmandatario pende de un hilo.
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