La Junta de Extremadura ha confirmado oficialmente que el incendio forestal de Aliseda, en la provincia de Cáceres, que ha calcinado unas 4,...
La Junta de Extremadura ha confirmado oficialmente que el incendio forestal de Aliseda, en la provincia de Cáceres, que ha calcinado unas 4,000 hectáreas, fue provocado intencionalmente por intereses económicos, según anunció el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en una rueda de prensa esta tarde a las 18:00 hora local. El siniestro, iniciado el sábado 16 de agosto cerca de la localidad de Aliseda, se ha convertido en un foco de indignación regional tras la revelación de que el fuego, que alcanzó un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, fue originado en dos puntos distintos de una finca privada, probablemente con el objetivo de manipular el terreno para actividades cinegéticas, como la caza mayor. Las autoridades, apoyadas en la investigación de la Guardia Civil, han identificado la parcela exacta y la franja horaria del inicio, apuntando a una motivación económica que ha duplicado la superficie afectada en menos de 48 horas, pasando de 2,000 hectáreas el domingo a más de 4,000 hoy.
Bautista, en una comparecencia tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), calificó el acto como "absolutamente desalmado" y destacó que los dos focos fueron encendidos deliberadamente, lo que sugiere una planificación previa para alterar el hábitat y favorecer intereses privados, un patrón que recuerda casos previos en la región vinculados a la gestión de cotos de caza. La Guardia Civil ha intensificado las pesquisas, analizando imágenes satelitales y testimonios de vecinos que reportaron movimientos sospechosos, mientras los equipos de extinción, compuestos por 150 efectivos, seis helicópteros y maquinaria pesada, luchan contra el fuego, que sigue activo y amenaza el Monumento Natural de Los Barruecos en Malpartida de Cáceres. La evacuación de unas 100 personas de la urbanización Cuartos de Baños el domingo ha añadido presión, aunque los residentes han podido regresar tras estabilizarse el perímetro.
La confirmación ha desatado reacciones encontradas. La presidenta de la Junta, María Guardiola, expresó su "indignación" en un mensaje en X, calificando a los responsables como "delincuentes que atacan nuestro patrimonio", y anunció que se solicitarán sanciones ejemplares. Ecologistas en Acción han denunciado la vulnerabilidad de Extremadura a este tipo de actos, vinculándolos a tensiones históricas entre la caza y la conservación, mientras la oposición, liderada por el PSOE, ha exigido una investigación exhaustiva y mayor inversión en prevención, recordando que los 176 millones de euros del presupuesto nacional para incendios son insuficientes. En redes sociales, el hashtag #AlisedaProvocado ha ganado tracción, con imágenes del fuego y críticas al gobierno por la gestión de la crisis, que se suma a los más de 60,000 hectáreas quemadas en España este verano.
El contexto agrava la situación: con el presidente Pedro Sánchez programado para visitar zonas afectadas mañana y la cumbre Putin-Trump en Alaska dominando la agenda internacional, el caso de Aliseda pone en el foco la lucha contra la piromanía económica en una región ya golpeada por la sequía y el vaciado del embalse de Alcollarín. La Junta ha prometido colaboración con la Delegación del Gobierno para identificar a los culpables, mientras las labores de extinción continúan y la población exige respuestas ante un incendio que no solo destruye naturaleza, sino que expone las fisuras en la gestión del territorio extremeño.





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